El recurso de la Generalitat retrasará la sentencia sobre el 'Estatut'

El pleno que celebrará hoy el Tribunal Constitucional tampoco parece que vaya a servir para resolver la impugnación que el PP presentó hace cuatro años contra la legalidad de 125 aspectos del Estatuto de Cataluña. Aunque la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, trata de dictar este mes a toda costa la sentencia del 'Estatut' para acabar con la imagen de dos años y medio de parálisis y deliberaciones infructuosas, la votación en busca del fallo definitivo se demorará aún unos días más.

La razón fundamental del retraso es el recurso de súplica que el martes presentaron la Generalitat y el Parlamento catalanes, en el que insisten en poner en duda la legitimidad de la corte para resolver la impugnación de los populares y buscan que se declare incompetente porque cuatro de los diez miembros que componen la sala que tiene que decidir sobre el 'Estatut' agotaron su mandato y están pendientes de renovación desde diciembre de 2007.

Pese a que el recurso de súplica no tiene capacidad para paralizar las deliberaciones, la mayoría del tribunal, por una cuestión de forma, entiende que es necesario resolver este trámite antes de poder dictar sentencia sobre el texto estatutario. El auto de la sala, que con toda seguridad confirmará la providencia anterior sobre el mismo tema y rechazará las pretensiones de las instituciones catalanas, no podrá acordarse hasta la semana próxima, que es cuándo terminará el plazo dado a todas las partes personadas en el proceso del 'Estatut' para que presenten alegaciones ante la pretensión de Generalitat y 'Parlament'.

La previsión es que, la próxima semana, los afectados y el propio tribunal reiteren la completa legitimidad de la corte, que según la Constitución debe ejercer todas las funciones mientras espera a que sus miembros sean renovados, y comience la cuenta atrás en el intento de dictar sentencia.

El pleno de hoy en el Constitucional podría dedicarse a debatir el séptimo borrador de sentencia sobre el 'Estatut', que elaborado en esta ocasión la propia María Emilia Casas, y que ayer por la tarde todavía no estaba terminado ni había sido distribuido entre el resto de magistrados. La presidenta trabaja en busca de un fallo tras los cinco intentos frustrados de la progresista Elisa Pérez y el no menos rotundo fracaso de la sexta ponencia del conservador Guillermo Jiménez.

Última oportunidad

Casas no tiene demasiadas esperanzas en lograr romper con su texto -no muy diferente al de Pérez- la división del tribunal en dos mitades irreconciliables, que hasta el momento ha hecho imposible una mayoría para dictar sentencia, aunque sea por la mínima. La única solución sería que el progresista Manuel Aragón abandonase su alineamiento junto a los conservadores moderados en algunos aspectos del 'Estatut' y se acercase a la postura de la presidenta y de los otros tres progresistas. Esta nueva correlación de fuerzas conduciría a un empate a cinco sobre la ponencia, que Casas rompería con su voto de calidad como presidenta y le permitiría alumbrar un fallo.

Sin embargo, la presidenta del Constitucional sabe que está ante la última oportunidad de la corte. O el tribunal en su actual composición dicta sentencia antes de julio o posiblemente se verá abocado en otoño a la renovación de sus miembros sin haber conseguido. Ante este convencimiento, María Emilia Casas, si en los próximos días constata que el consenso sobre el conjunto de su borrador de sentencia es imposible, está dispuesta a utilizar un método inédito para romper el bloqueo y dictar un fallo. Sacará adelante las partes de la ponencia sobre las que hay mayoría suficiente por bloques y luego aprobará o rechazará los artículos o aspectos más polémicos del 'Estatut' en votaciones separadas, uno a uno. El resultado de la sentencia sería bastante imprevisible y quizás presentaría problemas de coherencia interna, pero habría fallo, seguro.