Reordenación institucional

Las declaraciones del ministro Blanco, planteando la necesidad de que se revise la trama que componen la administración local y provincial en España, invitan a una urgente reflexión sobre el sentido que tienen las diputaciones dentro del Estado autonómico y sobre la carga que para el desarrollo de los servicios públicos suponen aquellos ayuntamientos que agotan sus ingresos en asegurar su propia existencia. A esto habría que añadir la desigual relación que presentan los entes locales entre la población a la que atienden y el presupuesto que han venido manejando. Son disfunciones que han quedado a la vista a causa del déficit público, pero que eran evidentes también antes de que la crisis financiera afectase a las cuentas públicas. La estructura institucional y administrativa del Estado obedece en buena medida a la inercia en la que ha venido acomodándose el poder político partidario, por lo que se requeriría un diagnóstico compartido y un amplio consenso para reordenarlo, con el propósito de que el sector público adquiera una dimensión ceñida a criterios de eficacia social. Pero ya que ha sido el vicesecretario general socialista el primero en plantearlo, y dada la confrontación partidaria, la mejor manera de hacer efectivo el cambio sería que el PSOE comenzase a ponerlo en práctica.