El PP acusa a la Fiscalía de «rayar en el fraude procesal»

El Partido Popular presentó ayer su anunciado recurso contra la decisión del juez madrileño Antonio Pedreira de enviar a la Justicia valenciana parte del sumario 'Gü'rtel' por entender que hay indicios suficientes para acusar a Francisco Camps y otros ocho altos cargos de su Gobierno y del partido de varios delitos de corrupción, más allá del cohecho impropio.

En su alegato, los populares cargan sin disimulo contra la Fiscalía, cuyo informe sirvió de base a Pedreira para pedir la inhibición, ya que hizo suyos todos los planteamientos de Anticorrupción. Según el partido, el atestado del Ministerio Público «carece del rigor y objetividad» puesto que la Fiscalía «ha perdido la imparcialidad que debería regir su actuación». «El Ministerio Fiscal presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa y un análisis jurídico tan equivocado como incompleto», denuncia el PP, que asegura que han sido las fiscales las que «han provocado una desacertada respuesta del instructor», que ha dado por buena la información de las fiscales «presumiendo su bondad».

Para la formación es evidente que la Fiscalía trata de «forzar una conexidad» entre los hechos denunciados y el cohecho impropio del que fueron acusados los altos cargos valencianos. El Ministerio Público -explica el recurso- podría incluso «rayar» con el «fraude procesal» al intentar imputar nuevos delitos a los aforados y responsables del PP, cuando el instructor de Valencia, José Flors, ya determinó que sólo se podía hablar del más leve de los cohechos.

«No hay nuevos hechos conocidos, no hay nuevas pruebas que permitan desvirtuar lo ya consignado por el Superior de Valencia en cuanto a que los regalos fueron a cambio de nada y, por tanto, el cohecho pasivo es en todo caso impropio», señala el abogado Guillermo Regalado, quien asegura que lo único que ha hecho la Fiscalía es un «ejercicio de corta y pega» de los informes de los «peritos parciales» de la Intervención General del Estado. Unos informes, denuncia el escrito, que «han sido aceptados como verdades de fe» sin poder haber sido contrarrestados por la versión de la Generalitat, excluida del proceso.