Concretar la reforma

La reserva que el Gobierno está manteniendo respecto a la propuesta de reforma laboral que alberga no deja de suscitar dudas sobre la claridad de su propósito. Es cierto que su silencio en el marco del diálogo social ha obligado a las organizaciones empresariales y a las centrales sindicales a apurar las posibilidades del mutuo entendimiento. Es probable que el Ejecutivo esté manejando la cuestión con la intención de atenuar los efectos de una posible huelga general, e incluso de enfriar su preparación. Pero aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero trate de obtener el mejor resultado político posible en la gestación de la reforma, su verdadero desafío no puede ser otro que el que afecta a la economía española y al conjunto de la sociedad: crear las condiciones idóneas para la generación de nuevos empleos. En este sentido la insistencia del presidente en argumentar la reforma como obligada respuesta a las exigencias de los mercados corre el riesgo de dejar en el olvido que su verdadera eficacia se medirá por sus consecuencias en el mercado de trabajo. Resulta necesario que esos cambios normativos coincidan con opciones empresariales y financieras que engarcen con síntomas de recuperación en la economía europea. Sin embargo sería pernicioso que, antes de conocer siquiera el contenido del decreto o del proyecto de ley, se ampliara el eco de las voces escépticas que ya relativizan la importancia de la reforma. Sería absurdo reducir el alcance de la reforma esperada a la previsible generalización del contrato de fomento de empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido. Por eso resulta conveniente que, como es de esperar, el Gobierno aproveche la cita del próximo nueve de junio para presentar a la patronal y a los sindicatos el proyecto de norma que aprobaría el Consejo de Ministros del día 16, para que la opinión pública pueda contar antes de esa fecha con el cuadro de coincidencias y discrepancias al respecto, y para que estas últimas no impidan la continuación del diálogo social de cara a la traslación de la negociación colectiva al ámbito de cada empresa bajo el criterio de la productividad.