Zapatero lanza un ultimátum y anuncia que habrá reforma laboral el 16 de junio

José Luis Rodríguez Zapatero se condenó a sí mismo al 'decretazo' laboral el mismo día en que dejó caer que si los agentes sociales no llegaban a un acuerdo ejercería su responsabilidad. Así lo ven al menos los socialistas. El presidente del Gobierno quiere escenificar, aún así, que su imposición no es fruto del desprecio al diálogo de empresarios y sindicatos sino un imperativo del momento. Por eso, apurará hasta el último minuto su tiempo. Y su tiempo se acaba el 16 de junio.

Esa fecha es, en términos efectivos, el penúltimo día del mandato español en la Unión Europea. El 17 de junio arranca en Bruselas el último Consejo al que Zapatero acudirá como presidente de turno y, dado que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, irá al Ecofin del próximo lunes con las manos vacías y el ruido de fondo del desacuerdo entre sindicatos y patronal, el jefe del Ejecutivo no puede permitirse el mensaje de que le tiembla el pulso para tomar una decisión que exige la Comisión Europea.

En principio en la próxima reunión del Ecofin, España debería obtener el veredicto de si las medidas de recorte de déficit puestas en marcha son o no consideradas suficientes. Pero desde Europa ya se ha advertido al Gobierno que el 'tijeretazo' debe ir acompañado de reformas estructurales y, en especial, teniendo en cuenta la particular idiosincrasia española -produce más paro que ningún otro país de la UE- de la del mercado de trabajo sobre la que UGT, CCOO y la CEOE llevan discutiendo ya más de dos años sin intervención directa del Ejecutivo.

Ahora, Zapatero asume que debe dar un golpe de autoridad para lanzar «serias muestras de confianza» a los mismos mercados que hace apenas unas semanas le obligaron a enterrar buena parte de sus señas de identidad socialistas con el recorte del gasto social. De ahí que, «se produzca o no acuerdo» -dijo ayer durante una rueda de prensa con el primer ministro de Pakistán, Yusuf Raza Gilani, en el palacio de la Moncloa- ya esté decidido que el 16 se aprueba la reforma en un Consejo de Ministros adelantado.

En realidad, para llegar a tiempo a Bruselas no habría hecho falta adelantar nada y pasar al miércoles una reunión que acostumbra a celebrarse cada viernes. Habría bastado con fijar el día 11 como fecha tope; como, de hecho, ya había dejado caer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, hace unos días. Pero Zapatero necesita subrayar que ha dado a las partes todo el tiempo del mundo para llegar a un acuerdo.

A estas alturas, nadie en el PSOE, ni siquiera el líder, cree que pueda saltar la sorpresa. Pese a su redomado optimismo, el jefe del Ejecutivo admitió que el acuerdo «no está nada fácil» y confesó que el Gobierno ya tiene «perfilado» el contenido de un decreto de reforma laboral que «va a afectar a aspectos esenciales» del mercado de trabajo.

En sus filas insisten en que, una vez que el Ejecutivo amenazó con legislar, ya había poco que hacer para que los agentes sociales parieran de común acuerdo un texto propio. Alegan que los empresarios siempre preferirán que el Gobierno asuma el coste de acometer una medida tan impopular y que incluso asistirán con gozo al hecho de que los sindicatos monten una huelga general a un Ejecutivo socialista. Algo que también se da por hecho en el partido gubernamental.

Mensaje de fondo

«El mensaje de fondo que interesa a la CEOE -aduce un dirigente del partido- es el de que sólo los Gobiernos de derechas pueden manejar la crisis, por eso no pondrán de su parte para evitar la ruptura de la paz social». Con todo, los socialistas aún aspiran a que las eventuales protestas que organicen UGT y CC OO sean controladas, sin la «animosidad personal» ni tengan la «hostilidad política» que pudieron tener las convocadas en 2002 contra el 'decretazo' del Gobierno de Aznar.

Se aferran a que tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toxo «saben que Zapatero ha hecho todo lo posible para evitar la conflictividad social» y que deben ser conscientes de que, al fin y al cabo, actúa obligado por la coyuntura y no por convicción personal. De hecho, en el partido socialista son muchos los que siguen defendiendo que es absurdo pensar que ésta o cualquier reforma del mercado laboral vaya a crear empleo porque el incremento del paro durante la crisis es en sí mismo la muestra de que en España el precio del despido no es el problema para crear empleo. Otra cosa es que admitan que, a largo plazo, acabar con la dualidad en los contratos sea positivo.

Ese es también el discurso de los sindicatos y era el del jefe del Ejecutivo hasta hace muy pocos días. Ayer, sin embargo, afirmó que la medida es necesaria para «asegurar y contribuir a crear empleo», para «reducir el paro» y para «hacer que haya más trabajo indefinido y menos trabajo temporal». Es más, pese admitir que la cifra de desempleo conocida hoy (la mayor caída desde 2005), es «como todos, coyuntural», afirmó que la reforma «contribuirá a que ese dato se mantenga y profundice».