Méndez de Lugo, último presidente del TSJA, leyendo la memoria del Tribunal de 2009. :: LA VOZ
ANDALUCÍA

Visto para sentencia

Cinco magistrados aspirantes a presidir el TSJA se examinan ante el Poder JudicialLa decisión no se sabrá antes de finales de junio y dependerá de cómo se resuelva en Cataluña y en la Comunidad Valenciana

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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Los cinco candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Francisco Javier Arroyo, Joaquín García Bernaldo de Quirós, Jesús del Río Fernández, Juan Ruiz-Rico y Rafael Toledano, expusieron ayer ante el Consejo General del Poder Judicial sus programas de actuación. Uno de ellos sustituirá a Augusto Méndez de Lugo, que en julio deja la presidencia del alto tribunal andaluz tras 15 años. Los aspirantes abogaron por descongestionar y hacer más eficiente el sistema judicial andaluz, el de mayor volumen del país con cerca de 900 jueces repartidos en un extenso territorio, con propuestas que van desde el aumento de la dotación de personal a una mejor coordinación entre las tres administraciones competentes en este servicio, el propio órgano de gobierno judicial, el Estado y la Junta de Andalucía. La crisis económica actual fue tenida en cuenta en las iniciativas de la mayoría.

Los cinco fueron entrevistados a lo largo del día de ayer por los vocales de la Comisión de Calificación del Poder Judicial, presidida por Manuel Torres Vela, conocido de todos ya que ha ejercido en Málaga, donde fue presidente de su Audiencia Provincial. Entre los aspirantes, de edades entre 49 y 60 años, hay igualmente una gran amistad y la coincidencia de aportar experiencia en la gestión, uno de los requisitos que se tendrán en cuenta.

Es la primera vez que la designación del presidente del alto tribunal andaluz se resuelve por este sistema, con la exposición de sus propuestas por cada candidato en una audiencia pública y en la que los vocales podían hacerles preguntas. El 'examen' se hizo por orden alfabético de los aspirantes. El primero en intervenir ante la comisión fue Francisco Javier Arroyo Fiestas, presidente de la Audiencia Provincial de Málaga. El último, Rafael Toledano Cantero, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo y director del gabinete técnico de la Presidencia del TSJA.

La necesidad de mejorar la imagen de los jueces y potenciar la confianza de los ciudadanos estuvo en varias exposiciones, del mismo modo que todos asumieron deficiencias en la prestación de la Justicia en Andalucía, sobre todo el retraso en la resolución de casos. Aunque casi todos abogaron por aumentar órganos judiciales y el número de jueces para hacer más efectivo el servicio, también admitieron la dificultad actual por la crisis económica y los ajustes. Los vocales incluso llegaron a preguntar cómo resolver el retraso sin más dinero. Francisco Arroyo defendió en este sentido que se potencie la mediación, para que antes de llegar a juicio algunos conflictos se resuelvan por asociaciones de mediación. También propuso potenciar la figura de los magistrados suplentes, que podrían ejercer incluso profesores de las universidades.

Joaquín García Bernaldo de Quirós ofreció como ejemplo a seguir el modelo de eficiencia aplicado en la sala de lo contencioso administrativo de Málaga, que él preside, y que ha logrado desatascar en parte el colapso de hace años. Este magistrado propone antes que ampliar el número de órganos judiciales y una mayor efectividad en desatascar el colapso en la administración de justicia. Toledano, uno de los ponentes del Libro Blanco de la Justicia, defendió su amplio conocimiento del gobierno de los jueces andaluces por su experiencia al lado del todavía presidente del alto tribunal autonómico, Augusto Méndez de Lugo.

En elegido deberá contar con el voto de 13 de los 21 componentes del Poder Judicial. La decisión podría tomarse en el próximo pleno del CGPJ, previsto para el día 17 o 22 de este mes, pero algunas fuentes del CGPJ señalan que podría retrasarse hasta el pleno de julio.

Las mismas fuentes admitieron que en la decisión influirá cómo se resuelva la elección de presidentes para los tribunales de Cataluña y la Comunidad Valenciana, en el mismo proceso que la andaluza.