El PP recurre la ley del aborto ante el Tribunal Constitucional

El PP materializará hoy su anuncio de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto. El partido opositor solicita en su escrito la suspensión de la entrada en vigor de la norma hasta que la corte dicte sentencia, una petición que tiene pocos visos de ser atendida. El Gobierno se mostró convencido de que la ley entrará en vigor el 5 de julio con toda normalidad y rechazó la demanda de los consejeros de Sanidad del partido opositor para retirar los dos reales decretos que desarrollan la legislación sobre la interrupción del embarazo.

El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, acompañado de la portavoz de igualdad, Sandra Moneo, y del diputado Santiago Cervera entregarán en el tribunal el recurso contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada el 3 de marzo pasado. La norma establece la posibilidad de abortar en las primeras 14 semanas de gestación sin argüir causa alguna y hasta la semana 22 cuando concurran algunos supuestos, como la existencia de «grave riesgo para la vida o la salud» de la mujer embarazada.

Los populares invocan entre su abundante argumentación que el artículo 15 de la Constitución establece que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral», un precepto que, a su juicio, sería vulnerado por la posibilidad de abortar en las primeras 14 semanas sin que exista una «causa objetiva». La interrupción del embarazo hasta la vigésimo segunda semana es, sostiene el PP, «un coladero» porque bajo el supuesto de riesgo para la vida de la mujer o de «graves anomalías en el feto» puede conducir a un «aborto eugenésico» para «discriminar a los seres discapacitados» de «los demás».

«Infausto recuerdo»

En este sentido, el PP recuerda las doctrinas de la Alemania nazi «de infausto recuerdo», como las de «vidas que no merecen la vida» o la de «vidas que son una carga» que fueron aplicadas en aras de la pureza de la raza aria. El partido opositor considera que bajo el supuesto de anomalías del feto para justificar el aborto puede servir como paraguas legal para los casos de «cegueras o sorderas, falta de miembros superiores o inferiores y síndrome de Down» en el embrión.

Los populares también rechazan la posibilidad de que las menores aborten sin el consentimiento de sus padres. Consideran que la pretensión de respetar «la libertad» de las jóvenes es una «concepción errónea» porque se priva a la menor de «un asesoramiento de las personas más cercanas a ella». El recurso del PP defiende, asimismo, el derecho de los profesionales sanitarios a objetar.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aseguró que, pese al recurso del PP, la ley del aborto seguirá adelante. El desarrollo de la norma confrontó ayer al PP con la ministra en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Jiménez no accedió a la petición de los representantes populares de retirar los dos reales decretos que desarrollan la legislación y recordó que el recurso del partido opositor ante el Constitucional «no paraliza el desarrollo de la ley». Es decir, que entrará en vigor el 5 de julio, «como estaba previsto».

Jiménez aseveró que «raramente» el tribunal decide paralizar una ley aprobada por el Parlamento y advirtió que no tolerará ningún «resquicio legal» que permita a las comunidades autónomas, como Navarra, negarse a su cumplimiento. «Las leyes son de obligado cumplimiento para todos los Gobiernos autonómicos, como se va a ver», zanjó.

Los representantes 'populares' de Sanidad criticaron la precipitación con que, a su juicio, se han tramitado los textos de desarrollo de la normativa sobre el aborto. Arguyeron que el Gobierno «no nos ha dado oportunidad a las comunidades de presentar alegaciones», máxime cuando la nueva ley va a tener un «gran impacto económico y organizativo». Subrayaron también que con los dos reales decretos «se salta el plazo establecido para poner en marcha una nueva prestación, que no ha pasado ni por las comisión de Prestaciones ni por la de Salud Pública».

La ministra de Sanidad rechazó todas las argumentaciones. «Seguimos con el calendario previsto y ahora se abre una semana para la presentación de posibles alegaciones», subrayó. Negó además que la nueva ley del aborto suponga «una nueva prestación», como defiende el PP, y afirmó que el objetivo de la norma es dotar «de una mayor seguridad clínica a la mujer y de una mayor seguridad jurídica a los profesionales sanitarios».