El proceso de la reforma laboral agoniza

La negociación de la reforma laboral se encuentra en fase terminal. Los pronósticos apuntan a un fatal desenlace aunque se desconoce la fecha de la ruptura. Las reuniones oficiales prosiguen acompañadas de llamadas telefónicas y contactos bilaterales a diversos niveles pero las diferencias insalvables entre las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT persisten. Mientras tanto, el Gobierno ha diseñado el decreto con los cambios posibles y se va a conceder tiempo para ver cuáles deja y cuáles quita. La mano decisoria será la del propio presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

El encuentro celebrado ayer con los líderes de CEOE (Gerardo Díaz Ferrán), CC OO (Ignacio Fernández Toxo) y UGT (Cándido Méndez) y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, concluyó sin aproximación. No obstante, los interlocutores se mostraron animados dentro del fuerte pesimismo que planea sobre el proceso. En un escueto comunicado conjunto aseguraron que «todavía hay margen para el acuerdo» por lo que continuarán reuniéndose en los próximos días», si bien no dan fechas para las nuevas reuniones.

Por otro lado, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, habló (en un acto del Instituto de la Empresa Familiar) de llevar a cabo con o sin acuerdo la reforma laboral antes de julio, lo que supone que el Ejecutivo ha flexibilizado su postura de cerrar ya la negociación. El tiempo viene bien para escenificar el consenso que parece más que remoto o el fin de la negociación. Cada interlocutor tomará la posición que considere para evitar aparecer como 'el malo de la película'. El Gobierno se prepara y, consciente de que alguna medida serán impopular, hace hincapié en que está dispuesto a asumirla, dijo Salgado.

Decreto abierto

Otras fuentes consultadas aseguran que el decreto está diseñado y muy abierto en busca de un equilibrio de intereses. Recoge casi todas las materias que han estado encima de la mesa de debate, incluido el despido objetivo, uno de los escollos para el entendimiento e hipotético detonador de la convocatoria de huelga general. Este despido procedente por causas de producción, económicas, tecnológicas u organizativas conlleva una indemnización de 20 días por año de servicio (con un máximo de 12 mensualidades) mucho más barata que la correspondiente al despido improcedente (33 ó 45 días). El cambio barajado supondría suavizar los requisitos que se exigen a las empresas para probar que los motivos alegados justifican la expulsión del trabajador. La flexibilidad en este capítulo iría compensada con medidas alternativas para la recolocación (fomento de la movilidad funcional y geográfica, nuevas planificaciones, etc.) capaces de reducir el número de despidos.

En el boceto de decreto figura igualmente la generalización del contrato de fomento del empleo, de carácter indefinido, creado en 1997 para luchar contra la temporalidad, con la indemnización por despido improcedente de 33 días por año de servicio. La posible aplicación de esta medida también ha sido utilizada por los sindicatos como justificación para la huelga general. El Gobierno mantiene que sería una irresponsabilidad recurrir a la protesta por una iniciativa que prácticamente está vigente.

El objetivo inicial del contrato de fomento era facilitar trabajo estable a los colectivos con mayores problemas. A lo largo de los años los destinatarios han aumentado. Solamente están excluidos los varones de 30 a 45 años que no lleven más de seis meses en el paro. Para los sindicatos su extensión conlleva la desaparición del contrato ordinario indefinido e interpretan que se trata del temido abaratamiento del despido que Rodríguez Zapatero rechazó desde que llegó a la Moncloa hasta el pasado mes de abril.