Blanco decide la suerte de 3.000 obras
El Gobierno privatizará empresas públicas, y advierte a comunidades y a ayuntamientos de que se acabaron las obras de 'diseño' El ministro de Fomento se enfrenta al «dilema» de rescindir algunos contratos ya en marcha
MADRID. Actualizado: Guardar«Hemos demostrado más ambición de la que ahora podemos asumir». La frase es de José Blanco, ministro de Fomento, quien muy a su pesar se ha llevado la parte del león del 'tijeretazo' impuesto por el Gobierno para frenar el galopante déficit que sufre España y aplacar así la presión de Bruselas y de los mercados financieros.
Un ajuste de al menos 6.400 millones de euros en obra pública en los dos próximos años que ha dejado a Blanco es una posición más que incómoda. El «dilema», como reconoce él mismo, es tener que comunicar a empresas, a comunidades autónomas o a ayuntamientos que muchas de las obras ya previstas, o incluso iniciadas, nunca se harán. «Probablemente, nadie quedará contento», ha conocido en el Congreso el propio ministro.
Los técnicos de Fomento estudian estos días a marchas forzadas 3.000 proyectos futuros y presentes. Un trabajo ímprobo bajo un criterio casi único: el coste de cada kilómetro de tren o autovía. El resultado del examen, que sopesa también la previsión de demanda y las necesidades de mantenimiento de las infraestructuras, llegará después a la mesa de Blanco. «Como ministro, yo asumiré la responsabilidad de decidir qué actuaciones se deben hacer y cuáles no». Todo un reto para el peso pesado del Partido Socialista, que se enfrenta a que propios y extraños le echen en cara compromisos ya sellados para que un AVE, un aeropuerto o una autovía luzca en sus territorios.
Aún no hay nada decidido, y los interesados no tienen más certeza que la de que el recorte «es irreversible», como dice Blanco. Grupos políticos y constructoras esperan que Fomento les aclare los criterios que decidan la suerte de sus obras.
Y es que el segundo plan de ajuste del gasto (de 15.000 millones) ha cogido a Fomento con el pie cambiado. El Ministerio contaba con afrontar de la mano de las empresas privadas el primer esfuerzo (1.760 millones decidido en febrero), pero la realidad se ha impuesto y toda la planificación ha saltado por los aires. El gabinete de Blanco debe revisar hasta el último proyecto, sencillamente porque no hay dinero para todo. Y menos ahora que el Gobierno ha presentado un techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2011 un 7,7% inferior al de este año y que en el caso de los ministerios conllevará un recorte superior al 15%.
De lo público a lo privado
Pero aún quedan alternativas. José Blanco ha abierto ya la puerta a las privatizaciones, y quiere vender en primera instancia las participaciones minoritarias -de entre el 5% y el 40%- que Fomento mantiene en 16 empresas (no ha revelado cuáles). Una operación con la que aspira a ingresar 22 millones.
No serán las únicas. Blanco estudia también la venta de otros activos más allá de Aena, cuyo proceso de conversión en sociedad mercantil quiere acelerar al máximo. Un camino no exento de riesgos, pues el mercado no vive su mejor momento y las operaciones corporativas se antojan complicadas ante la sequía del crédito.
En este particular 'vía crucis', el ministro ha lanzado contundentes avisos a navegantes a comunidades autónomas y a ayuntamientos. Les ha advertido de que se acabaron los 'caprichos'. Si hasta ahora se presumía de estaciones proyectadas por tal o cual arquitecto de prestigio, o de pasos a nivel a la medida de las necesidades de los alcaldes en las nuevas autovías, eso se ha acabado. «No todas las infraestructuras son vitales para el desarrollo de una región», ha sentenciado Blanco.
Todos los proyectos, en construcción o futuros, se atendrán a partir de ahora a un estándar máximo en función de estrictos criterios técnicos y de coste. El que quiera algo más allá de imprescindible, que se lo pague él mismo. Fomento trabaja con una previsión de retraso medio de un año en casi todas las obras. Las que se consideren prioritarias, como el AVE a Valencia, no tienen problema. Otras, no tan urgentes, aún cuentan con una vía de escape: el Plan Extraordinario de Infraestructuras público-privado (PEI). Blanco se propone también abrir el debate del pago por el uso de las infraestructuras. Una apuesta incómoda pero ineludible.