Falta de confianza en la Moncloa

Las condiciones en que se mueve España en el año 2010 no son las mismas que existían después de las elecciones legislativas de 1977 y que propiciaron la necesidad de un gran pacto nacional, los denominados 'Pactos de la Moncloa', que consiguieron que los dos grandes sindicatos, la patronal y los partidos políticos se pusieran de acuerdo sobre lo que tenía que hacer España para salir de la dura situación en la que se encontraba en aquella época.

Todo dirigente debe dar confianza para poder convencer y atraer a todos los que pueden coadyuvar a la salida de la difícil situación en la que nos encontramos pero la falta de confianza que se irradia desde la Moncloa propicia lo contrario, y, en consecuencia, el gobierno, los partidos políticos, la patronal y los sindicatos quieren alcanzar sus objetivos a costa de desestabilizar el conjunto del país. No hay ni siquiera unidad de criterio entre los ministros del gobierno sobre lo que se va a hacer, y así, la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, decía al anunciar que el plan de ajuste contiene medidas: «difíciles. Duras y dolorosas» y añadía sobre la posible subida de impuestos: «se está evaluando, no descartamos nada». Por su parte Elena Salgado, vicepresidenta segunda insistía sobre la fiscalidad: «no hay ninguna propuesta ni ningún estudio concreto». Por su parte el presidente del Gobierno anunció que «se elevará la fiscalidad de las rentas altas», desautorizando a la ministra de Economía sobre lo que había dicho dos días antes.

Falta de unidad de actuación, de coherencia, y de un plan completo a acometer, creíble y fiable, y consensuado por todas las fuerzas del país sólo pueden desembocar en más desconfianza y una incertidumbre sobre hacia donde vamos. Y curiosamente, todos los españoles somos conscientes de la época de bonanza en que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y por tanto, esperamos un ajuste pero no estamos dispuestos a que sea a fuerza de improvisaciones que no converjan en la erradicación de la crisis y propicie un clima de crecimiento que conduzca a la creación de empleo y devuelva la confianza al conjunto de nuestro país.

Y fruto de la improvisación llega el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, publicado en el BOE el lunes 24 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y que introduce recortes en el sueldo de los empleados públicos, suspensión de la revalorización de las pensiones, medidas en materia de dependencia, medidas en materia tributaria y de seguridad social, medidas en materia de sanidad, medidas en materia económico financiera de las entidades locales y otras medidas de control del gasto público, que representan unas medidas aisladas, no incardinadas en un plan completo de actuación y que atentan contra derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en acuerdos políticos firmados y vigentes, como es el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco de diálogo social 2010-2012 firmado el 25 de septiembre de 2009 y que ahora se suspende parcialmente (Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-ley) y es que el recorte del sueldo de los empleados públicos podría estar incumpliendo el artículo 86 de la Constitución española que «impide que un Decreto-Ley afecte a derechos fundamentales».

Toda unidad económica, cuyo equilibrio financiero arroje déficit, y el Estado español lo es, y con un déficit cercano al 12 (11,2 para España en 2009, según Eurostat Comisión Europea) sólo tiene una de estas tres salidas: o procura más ingresos, o reduce gastos o recurre al crédito, a fin de conseguir el necesario equilibrio. Desde la vertiente de los ingresos, una política fiscal tiene la tentación de subir los impuestos para así recaudar más y esto sólo se puede hacer desde los frentes de las Rentas y del Consumo, es decir, actuando sobre los Impuestos Directos (Renta, Sociedades, Sucesiones, etc.) o sobre los Impuestos indirectos IVA e Impuestos Especiales), con el consiguiente efecto negativo en el consumo y por tanto generando menos actividad económica y más paro. La disminución de gastos sólo puede venir por un adelgazamiento de la estructura pública en aquello que sea prescindible y que ciertamente existe (coches oficiales, Ministerios innecesarios, viajes, asesorías, etc.). En cuanto al crédito, la falta de confianza en nuestro país hace cada día más difícil colocar la Deuda Pública y los capitales se están deslocalizando porque desean huir de España.

Cuando en el año 1977, Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del Gobierno de Aldolfo Suárez, redacta el documento base de los Acuerdos de la Moncloa hace suya una declaración de un político republicano de 1932: «o los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia» y esa afirmación puede servirnos de pauta sobre la necesidad de consenso, cordura y coherencia que hace falta en nuestro País para una política eficaz contracrisis.