Las grandes cajas mueven ficha ante la presión del Banco de España

Las dos grandes cajas de ahorros se han implicado finalmente en el proceso de reestructuración del sector. Caja Madrid, la Insular de Canarias, Laietana, las cajas de Ávila, Segovia y Rioja preparan la constitución de un Sistema Institucional de Protección (SIP), lo que en el sector ya se conoce como una 'fusión fría'. La Caixa, mientras tanto, reconoce que tiene en marcha una fusión con Caixa Girona. Ambos planes acogen a entidades que se desmarcaron de otros proyectos.

El plazo para acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en demanda de apoyos concluye el 30 de junio. Más allá de esta fecha, las entidades podrán presentar sus propuestas a Bruselas, pero el expediente será tratado por el cauce normal de las ayudas públicas, más complejo y riguroso. No va a ser necesario. El apremio del Banco de España, el Ministerio de Economía, la Comisión Europea, los analistas y los agentes de los mercados han obrado el milagro, y en el plazo de unas pocas fechas hasta las cajas más reticentes se han apresurado a integrarse.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se mostró convencida de que la reestructuración financiera acabará en plazo. Y añadió que ni siquiera se necesitará el total de la ayuda prevista. Los 27.000 millones estimados, dijo, serán «muchísimo más que suficientes». En estos tiempos de restricciones, evocó, las entidades van a tener que devolver los auxilios recibidos con los correspondientes intereses.

La suma de Caja Madrid, la catalana Laietana, las castellanas Ávila y Segovia, y las cajas riojana e Insular de Canarias arrojará un total superior a los 227.000 millones de activos, una cifra todavía inferior a la que alcanzará La Caixa con el agregado de Caixa Girona, estimada en algo menos de 280.000 millones de euros. La plantilla del futuro SIP llegará a 19.000 empleados, ocupados en 2.975 oficinas.

Los procesos están en marcha, pero quedan muchas cuestiones por resolver. Junto a los preceptivos acuerdos de los órganos rectores, hace falta la 'bendición' de las autonomías. A los gobiernos territoriales les tranquiliza bastante que la fórmula adoptada sea un Sistema Institucional de Protección, que preserva las marcas, las sedes, la obra social y el arraigo local, mientras pone en común el capital, los requerimientos de solvencia y las políticas de riesgo, a la vez que facilita el acceso a los mercados.