La provincia carece de medios para atender a los pacientes terminales en sus domicilios

Una vez superado el debate sobre la posible legalización de la eutanasia pasiva y toda la polémica que rodeó a la Ley de Muerte Digna, la normativa ya está en la calle. Ayer mismo entró en vigor con algunos flecos sueltos. El primero de ellos es el presupuestario para que los dispositivos sanitarios puedan cumplir con todas las garantías que reconoce la normativa y, de momento, nadie ha hablado de dinero.

Esta legislación reconoce el derecho de los enfermos terminales a recibir, o no si así lo desea, información clínica veraz sobre su diagnóstico y pronóstico y que su decisión final sea respetada. También da respaldo a los profesionales que prestan atención en los últimos momentos de la vida. Y en cuestión de recursos, garantiza habitaciones individuales en hospitales públicos y privados y atención domiciliaria universal.

En lo primero ya se trabaja. Los centros de la provincia llevan algún tiempo reubicando estancias y permitiendo, en lo posible, que el paciente terminal tenga mayor intimidad para pasar los últimos días con sus familiares, aunque no siempre es posible. La atención en los domicilios es más complicada. La provincia dispone actualmente de tres unidades específicas de paliativos que asisten en las casa, dos de ellas adscritas a la Asociación Española contra el Cáncer. Todas atienden entre 300 y 500 enfermos al año y a los que no pueden llegar, son asistidos por sus médicos de familia.

Precisamente eso es lo que preocupa al Colegio de Médicos. Su presidente, Miguel Morgado, ha sido especialmente crítico con esta normativa. La considera «innecesaria» porque todo lo que recoge ya se venía realizando, aunque no ve mal que un texto legal reúna todos los derechos y deberes de pacientes y profesionales sanitarios.

Lo que sí le preocupa es que «se haya planteado una ley con muchas expectativas, pero sin una dotación y eso supone una sobrecarga para los profesionales de atención primaria, que terminan asumiendo cada vez más competencias». En este punto se mantiene firme: «como siempre, el médico de familia sigue siendo el jarrillo de lata que sirve para todo, pero no se habla de una formación previa ni de compensar ese trabajo».

El doctor Morgado hace hincapié también en el derecho de los especialistas a la objeción de conciencia, un aspecto que, en su opinión, la ley no deja del todo claro. La necesidad de un mayor refuerzo presupuestario la exigen todos los profesionales que atienden a enfermos terminales. Este tipo de servicio es relativamente nuevo, de hecho, la primera unidad domiciliaria de la provincia comenzó a funcionar hace apenas diez años y desde entonces el avance ha sido lento.

Carmen Francisco, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, reconoce que «se trata de un trabajo lo suficientemente complejo como para que quienes lo ejerzan cuenten con unos conocimientos muy especiales y experiencia profesional». Por eso mismo, pide una mayor especialización de los profesionales a la hora de aplicar la norma. La especialista está al frente de la unidad domiciliaria de Jerez y asegura que «para conseguir equidad y que se cumpla de verdad este derecho estatutario, se necesitan más recursos».

No obstante, se muestra consecuente con el momento de crisis y confía en la «sensibilidad» de la Consejería de Salud para que se cumplan los objetivos recogidos en el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, con vigencia hasta 2012. Por su parte, el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familiar y Comunitaria (Samfyc), Manuel Lubián, no duda de la formación de los médicos de familia para asumir la asistencia en los últimos momentos de la vida. «Lo venimos haciendo desde el principio y está en nuestra cartera de servicios». El doctor Lubián, que pasa consulta en un centro de salud de San Fernando, recalca que «esta ley supone un importante avance y los profesionales de atención primaria se preparan día a día para darle cumplimiento».

Eso no quiere decir que no sea necesario un aumento de presupuesto. «Lo vamos a defender, pero hay que dejar claro que el médico de familia está perfectamente preparado para asumir esas competencias».