La Policía desalojó a las empleadas de Sergesa tras invadir el Ayuntamiento

Desesperados y sin respuesta alguna ante su situación. Así se sentían ayer los 400 empleados, en su mayoría mujeres, del servicio municipal de ayuda a domicilio a los que la anterior concesionaria, Sergesa, aún no ha abonado ni la nómina de abril ni otras liquidaciones pendientes, y que el lunes pasaron su primera noche durmiendo a las puertas del Ayuntamiento.

Pese al cansancio que se adivinaba ayer en sus rostros después de una noche tratando de conciliar el sueño sentadas en sillas de playa -porque «las tiendas de campaña nos las quitaron alrededor de las 11 de la noche»-, las trabajadoras insistían ayer en que les quedan fuerzas de sobra para seguir con la protesta, y recalcaban que «de aquí no nos vamos si no nos pagan».

Un grupo de una veintena de empleadas se mantiene de forma constante frente a las puertas del Consistorio, y entre las compañeras se van turnando para ir a trabajar y luego retomar la protesta. «No podemos hacer huelga, porque si ya estamos desesperadas porque no nos pagan lo que nos faltaba es que nos descontaran dinero por hacer paros del servicio», explicaba ayer la presidenta del comité de empresa, Encarni Barrios.

Por eso han optado por hacer visible su conflicto y su angustia acampando en la calle Consistorio, donde la tarde del lunes plantaron unas tiendas de campaña que horas más tarde les quitó la Policía, y por eso ayer no dudaron en invadir el edificio del Ayuntamiento ante el reiterado silencio por parte del equipo de Pilar Sánchez, al que le piden que pague lo que le debe a Sergesa para que ésta a su vez cumpla con su plantilla.

Fueron alrededor de una decena las empleadas y miembros del comité de empresa que a través de la Oficina de Atención al Ciudadano se colaron en el Consistorio y accedieron al patio principal, donde permanecieron cerca de hora y media sentados en el suelo y reclamando que se les abone su sueldo.

Finalmente, la Policía Nacional les indicó que debían abandonar las instalaciones municipales y tras identificar a todos los manifestantes les obligó a desalojar el edificio de forma pacífica.

Por su parte, desde el gobierno fue el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, el encargado de subrayar que el conflicto de Sergesa «es exclusivamente entre trabajadores y empresa».

Crisol declaró que «la reclamación de los trabajadores, la cual respetamos, no deja de ser contra la empresa, que es la obligada a pagar las nóminas». Añadió que siendo conscientes de que la relación es entre trabajadores y empresa, el Ayuntamiento está buscando una solución al conflicto, «poniendo por delante su preocupación por la difícil situación que atraviesan los trabajadores».

El teniente de alcaldesa arguyó que «el Ayuntamiento poco más puede hacer».