La Cámara de Cuentas certifica las «anomalías» y tumba el sistema de control de la caja

Demoledor. Es el mejor calificativo para describir el tremendo mazazo que ha significado el informe de la Cámara de Cuentas a la gestión económica del Consistorio isleño, que se divide en dos partes muy críticas: la fiscalización de las cuentas de 2009 y el análisis de los sistemas de control de la caja municipal. «El Ayuntamiento de San Fernando no ha ejercido un adecuado control sobre la caja municipal durante el período 2002-2009. Ello podría motivar la exigencia de responsabilidad contable, así como de aquellas otras que, en su caso, pudieran derivarse, con arreglo a lo establecido por la normativa vigente». Sin embargo, esa función no le corresponde al órgano fiscalizador sino que tendrá que ser el Tribunal de Cuentas, una vez que estudie el documento, el que decida si a raíz de los datos existe dicha responsabilidad y de quién o quiénes depende.

Lo que sí pone de manifiesto el estudio de la Cámara de Cuentas es la «situación atípica» en la que se enmarca el trabajo contable que se realiza en la Delegación de Economía y Hacienda que se aleja de cualquier práctica «razonable» sobre la administración de una caja municipal. De hecho, el asunto se destapa porque al organismo fiscalizador le llama la atención la cantidad de dinero en efectivo que se dice tener en la caja a finales de 2007, superior a los 5,7 millones de euros. Al no existir los arqueos procedentes del inicio y finalización del ejercicio, se recurre al extraordinario del 16 de junio de 2007 (cuando se celebró el pleno de investidura del entonces Bipartito) en el que se asegura que en la caja sólo hay 7.895,49 lo que levantó la sospecha de los técnicos que avisaron al Ayuntamiento. De este modo, comenzó una investigación que permitió fechar el inicio de los errores contables en el 10 de junio de 2002.

Durante ese tiempo existen muchos procedimientos difíciles de comprender, como es el caso de la desaparición de efectivo entre los que se encuentran los 79.187,84 euros, «recaudados por la policía local (con motivo de las tasas devengadas por la retirada de vehículos de la vía pública por parte de la grúa municipal y por las autorizaciones municipales obtenidas para el corte de calles), que no llegaron, sin embargo, a ingresarse en la caja municipal. Han desaparecido, en consecuencia, antes de que llegaran a contabilizarse».

Quebranto económico

Finalmente la Cámara de Cuentas cifra el desfalco en unos 7.869.703,69 euros provenientes tanto de las inyecciones de financiación sacadas del dinero que el Consistorio tiene en entidades financieras como de lo producido por la autogestión del servicio. «Un saldo contable que refleja la caja municipal y que es consecuencia de la realización de cobros y pagos auténticos, derivados de hechos y operaciones reales». Lo que significa que el dinero debería estar pero que se ha perdido, por ello la Cámara de Cuentas lo tacha como quebranto económico.

Y es que, se han detectado numerosas irregularidades y anomalías en los documentos contables municipales entre las que destacan: no tener anexada su documentación justificativa, anulaciones contables de cobros practicadas por causas no justificadas, cobros y pagos de los organismos autónomos que se gestionan a través de la caja municipal; impuestos municipales cobrados por caja durante el período ejecutivo de recaudación sin que se haya practicado (con carácter previo) el oportuno acto de liquidación tributaria, documentos de pago sin la firma del ordenador del pago, del interventor o del interesado, así como la identificación de documentos que se hallan duplicados o que han sido elaborados con posterioridad a la fecha que dicen tener.

Falta de recuentos

La razón de que no se haya detectado antes es muy simple. Durante el período fiscalizado la entidad local no ha confeccionado el libro auxiliar de actas de arqueo, tampoco las actas de arqueo de fin de ejercicio y se han dejado de elaborar cuatro de las nueve extraordinarias que debían haberse realizado, todo ello según la Cámara de Cuentas.

«Además, las actas de arqueo efectuadas adolecen de importantes irregularidades». La más llamativa es que en ninguna de estas hojas se compara, de manera explícita, el importe obtenido tras el recuento físico con el saldo contable en la fecha del arqueo, ni se indica (ni se justifica por tanto) la diferencia a conciliar. Por ello, no se detectó antes, pues no es que fallaron, es que ni siquiera se realizaron los procedimientos legales de control. Los trabajos fiscalizadores son contundentes y marcan el desajuste de «imposible conciliación» entre lo hay en la caja y el saldo contable, lo que debería haber.