Opinion

La zona regable del Guadalcacín

SECRETARIO GENERAL DE ASAJA-CÁDIZ Actualizado: Guardar
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Desde que comenzaron las obras hasta su final, el escenario tras la modernización de los regadíos ha cambiado sustancialmente. Los comuneros acordaron en el año 2001 invertir en una situación económica bien distinta a la actual. Había tres azucareras con demanda de remolacha, varias desmotadoras con deseo de algodón, existían precios razonables de los productos agrarios y perspectivas en frutas y hortalizas, además con unas tarifas eléctricas sensatas y había productos para combatir las plagas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenía presupuesto para invertir y había mejorado la red principal. Se diseñó un Parque Agroalimentario que provocaría una gran demanda de productos de la zona. Para la modernización de la zona del Guadalcacín la asamblea de comuneros del 13 de diciembre de 2001 aprobó un convenio para que SEIASA la hiciera por 54 millones de euros, de los que sólo se pagarían 17 con una póliza a 25 años y otros 24 sin intereses 25 años después a dicha empresa pública. Después la asamblea aprobó unas mejoras de 10 millones de euros de los que la Consejería de Agricultura pagaba 4,5 millones y los agricultores 3 millones más SEIASA, a abonar desde el año 26 al 50 sin intereses. Quedan por aclarar unas revisiones de precios aplicadas según la ley de contratos del estado y la liquidación presentada por la empresa constructora SACYR por un total de 9 millones de euros más que hay que discutir y defender ante SEIASA porque no son compromisos adquiridos por la Comunidad de Regantes.

Con las dificultades propias de toda puesta en funcionamiento de una obra de ésta envergadura, los comuneros aprecian las ventajas de regar con un sistema modernizado. Pero su preocupación actual es rentabilizar la inversión. En el 2001 se calcularon unos gastos anuales de 256,87 euros por hectárea de los que 36,06 euros era el consumo medio de la electricidad (con tres o cuatro riegos). Ahora todo menos la electricidad supondrán al año unos 235 euros (15 euros más de lo calculado en el 2001) pero la electricidad se ha desorbitado y se anuncian más subidas a partir de Julio. Ahora solo riego puede costar del orden de 50 euros y lo normal es dar tres o cuatro.

Hay que tener en cuenta que sólo queda una azucarera -que además necesita poca remolacha-, la mayoría de las desmotadoras han desaparecido para comprar algodón y los nuevos cultivos de hortalizas no pueden asumir el riesgo de una Agencia Andaluza del Agua sin presupuesto para asegurar las infraestructuras que garanticen no tener problemas de inundaciones en el futuro. La electricidad se ha disparado y no hay forma de combatir a las plagas. En el llamado Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) no existe instalada ni una empresa con demanda de producciones de la zona regable.

Pablo Ruiz Carmona y su Junta no son los responsables de estos problemas ni de la muerte de Manolete. La Comunidad de Regantes no es el verdugo es una víctima más.

Las organizaciones agrarias tenemos mucha faena por delante y deberíamos reflexionar y preguntarnos: ¿Qué hemos hecho para salvar la remolacha? ¿Por qué siguen vinculadas las ayudas a sembrar un algodón inviable? ¿Por qué no se pueden utilizar semillas transgénicas de algodón y sí consumirlo? ¿Cómo atraer demanda de hortalizas a nuestra zona? ¿Cómo llenar de contenido al PTA (cuando disponga de electricidad)? ¿Cómo asegurar el riesgo de la carencia de infraestructuras para protegernos de las inundaciones y las sequías?

Sin las obras de modernización no habría futuro en la zona y por eso hay que buscar demandas de cultivos alternativos que llenen de actividad la zona modernizada. Personalmente creo que por eso los agricultores nos manifestamos el pasado 21 de noviembre en Madrid y hay que exigir unidos respuestas de las Administraciones. Los 32 tractores del miércoles no contribuyen a solucionar los problemas porque en la puerta de la Comunidad de Regantes no están las respuestas. En ésta grave crisis del campo y especialmente de la zona regable es fácil encontrar respuestas y simpatías con la demagogia del 'NO PAGUES' pero supone un grave ejercicio de irresponsabilidad.