España fashion years 2004-2010
Actualizado: GuardarSe acabó la fiesta. Éramos lo más fashion hasta ayer mismo y miren ustedes dónde estamos. La falta de seriedad y de rigor han hecho el resto. Hasta casi hoy mismo éramos lo más, literalmente hemos tirado la casa por la ventana pensando que la riqueza invadía el entorno. La realidad es otra, piojos y liendres, eso es la herencia recibida de este período de nuestra historia. Volver a la realidad, a la cotidianidad, va a ser difícil de digerir. Pero no hay más remedio. Las medidas propuestas por el Gobierno, extemporáneas ellas, ahora son necesarias, pero manifiestamente insuficientes. La situación no puede ser más calamitosa. Todos los socialistas, con el grupo socialista en el Congreso a la cabeza, parecen monitos de repetición. Mejor loros perfectamente adiestrados, que sólo dicen lo que su amo les ha enseñado. Sólo que algunos de ellos, para no quedarse sin discurso, apoyando a regañadientes el recorte, quieren otras iniciativas. Exigen externalizar gestos de lo más rancio de la izquierda, para evitar de esa forma un supuesto castigo social y electoral. Por eso los diputados del PSOE piden medidas contra la banca, el capital y la Iglesia. Ésta que no falte. Y no se dan cuentan, o mejor dicho, no quieren porque no les interesa darse por aludidos, que en épocas de crisis y en cualquier otra, el dinero mejor invertido para fines sociales es aquel que gestiona la Iglesia católica, que llega a los necesitados con total eficacia y sin ningún tipo de desvío. ¿Por qué? ¿A dónde acude el necesitado excluido de los servicios sociales públicos? Ni a los ayuntamientos, ni a la puerta de los partidos. Tampoco a las del sindicato. Va solícito donde sabe que va a ser acogido. La Iglesia se ha convertido en la más importante y eficiente ONG. Sobre la banca les recordaré a estos izquierdistas desmemoriados que el sistema financiero español es el primer financiador del déficit público y por ende de la deuda pública.
Bueno, también financian a los partidos políticos. Algunos podrán hasta recordar la «quita» hecha recientemente a la deuda que los socialistas catalanes mantenían con algunas entidades del sector. Y sobre los ricos… qué quieren que les diga. Mejor les refrescaré algo la memoria. No mucho, porque les va a doler en demasía la cabeza. Los socialistas identificaban una renta media-alta en 2004 en 26.400 € anuales. Si actualizamos a fecha de hoy la cifra, ésta queda en 30.600 € año. Por lo tanto ante la incertidumbre generada por la penúltima de las ocurrencias que sintetiza la ideologización fiscal del rojerío hasta sus últimas consecuencias, la subida impositiva a los ricos, hagámonos a la idea de encontrarnos en el punto de mira del incremento fiscal pretendido. Amén de presuntas políticas fiscales populistas para que los ricos paguen más, si la medida pretende alcanzar la finalidad pretendida de una auténtica consolidación fiscal, la reforma incidirá en la práctica en el IRPF y en los impuestos especiales. Es decir, que se prepare nuevamente la clase media española.
El Estado ha iniciado un camino que espero sea definitivo y sin retorno. Ha comenzado por lo fácil, pero lo ha hecho. En las medidas se dice que éstas deberán extenderse a las autonomías y a la Administración local. ¿Pero, legalmente esto es así de forma automática? Lo sería si el POSE no hubiera modificado la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, que supuso la transposición en la práctica del contenido del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los criterios al efecto entonces existentes y que eran contenidos en el Tratado de Maastrich por el que se creó el euro. La modificación de la norma se hizo en mayo de 2006. En su virtud, desaparecieron los límites de gasto de las Comunidades Autónomas, para asegurar de esta forma el respeto de las leyes de Estabilidad Presupuestaria a la autonomía financiera de aquellas. La Ley posibilitaba el déficit fiscal y por tanto el endeudamiento, con la finalidad de financiar determinadas inversiones. Sólo dos cuestiones al respecto. El déficit de las televisiones autonómicas en el año 2009 se acercó a los 2.000 millones. Mientras que la deuda de las empresas públicas autonómicas ronda los 55.000 millones. Por si esto fuera poco, los ayuntamientos deben 48.000 millones y las comunidades 100.000 millones. Así es que una de las reformas más importantes y en las que no debiera haber fisuras entre el partido del gobierno y el principal de la oposición debiera ser, la promulgación de una Ley que permita al gobierno de turno gobernar con eficacia. Es decir, habría que volver a la senda de la Ley de 2001, pero incluyendo además la administración institucional, amén de la local.
Seamos serios, lo del impuestazo a los ricos es otra tontería más, ideologías trasnochadas aparte. Urgen, además de la referida reforma, al estilo alemán, en la que el Estado abrogaba nuevamente competencias en su día trasvasadas a los Länders, pero que ahora en época de profunda crisis, imposibilitaba el normal desenvolvimiento del propio Estado, la reforma laboral y la de las pensiones públicas. Ésta última también es absolutamente necesaria, ya que si consolidásemos el presupuesto de las prestaciones de desempleo con el del sistema español de la Seguridad Social, el déficit en el año 2008 se hubiera hecho patente, para adquirir tintes dramáticos en 2009. Téngase en cuenta que la prestación de desempleo es prestación típica de Seguridad Social, sólo que gestionada por un Organismo Autónomo que no es la Entidad Gestora de la Seguridad Social. Lo que no desvirtúa su naturaleza jurídica. 30.000 millones largos es la cifra a la que ascenderá su costo. Si no creamos empleo, esta cantidad es lo suficientemente elocuente como para pensar que esto no tiene remedio.
Me quedo esta semana con la frase de don José Antonio Griñán, nada de Pepe, máxime después de acertar de pleno en la cuestión objeto de debate, consistente en «vincular los salarios a la productividad». De ésta forma incidía sin tapujos en la imperiosa necesidad de reforma del mercado de trabajo. Y la única opción de posibilitar legalmente ello es modificar en profundidad la negociación colectiva. Que no se le olvide a nadie, ese es el meollo y no tanto el coste del despido, que también, como se insiste por ahí.