El Gobierno aprieta el cinturón a los alcaldes y les corta el grifo de los créditos hasta 2012

Otra vuelta de tuerca. El Gobierno de la Nación acaba de cerrar el grifo financiero a los ayuntamientos durante dos años. Ningún consistorio podrá solicitar créditos ni públicos ni privados hasta 2012. La medida salió publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y forma parte del ambicioso plan elaborado por el Ejecutivo socialista que tiene como objetivo reducir el déficit.

La restricción regirá hasta el 31 de diciembre de 2011. La medida impide a los ayuntamientos sustituir total o parcialmente operaciones de crédito.

Con este paquete de medidas que incluye una rebaja de sueldos de los empleados públicos a partir del mes que viene y la congelación de las pensiones, el Gobierno pretende recortar el déficit, que en 2009 alcanzó el 11,2% del PIB, hasta situarlo en el 6% a finales del año que viene. Para ello, todas las administraciones públicas (central, autonómica y local) deberán reducir sus dispendios, hasta ahorrar 15.000 millones de euros, cantidad equivalente al 1,5 puntos de PIB. Las medidas son efectivas a partir de hoy y los funcionarios notarán el recorte en la nómina de junio. El tijeretazo al gasto perjudicará también a las inversiones en infraestructuras, a las políticas de apoyo a la familia y a la dependencia.

Su repercusión a nivel municipal se encuentra recogida en un documento de 60 páginas que ayer devoraban los alcaldes. La medida ha caído como un jarro de agua fría en la provincia, ya que mete en el mismo saco tanto a los consistorios solventes y con capacidad para endeudarse como a los ayuntamientos deficitarios, que no tienen para pagar las nóminas.

El alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, heredó en 2007 una deuda de la corporación anterior de 60 millones de euros. Desde entonces, hace juegos malabares para pagar cada mes los 600.000 euros que cuesta la plantilla de funcionarios que, en ese tiempo, ha pasado de 410 a 360 trabajadores. Quirós lleva desde que asumió la Alcaldía sin pedir un euro a los bancos, «porque, entre otras cosas, a este consistorio nadie le concede un préstamo». Su deuda financiera supera los 11 millones de euros y el alcalde ha reconocido que su ayuntamiento se encuentra en quiebra. Así, las inversiones que se han realizado en los tres últimos años han sido con cargo a los planes especiales de la Junta y de Diputación. Este ayuntamiento tiene embargado el Plan E y no se ha podido beneficiar de sus obras porque el Ministerio de Hacienda no le perdona la deuda contraída con la Seguirdad Social de casi 20 millones de euros.

Rafael Quirós reconoce que la nueva medida del Gobierno tiene un impacto brutal en la hacienda local, pero su ayuntamiento lleva con el grifo cerrado desde hace tres años. En esta misma situación se encuentra el consistorio de Los Barrios, que gobierna la socialista, Ángeles Ariza. Esta corporación tiene una deuda financiera que supera los 17 millones de euros y sus funcionarios ya han tomado la calle ante el impago de los salarios. La deuda bancaria se había convertido en un recurso muy común entre los ayuntamientos ante el alto nivel de gasto que están asumiendo. Es decir, las corporaciones acudían a la banca a solicitar préstamos para cumplir con sus compromisos. A finales de 2009, la deuda de los ayuntamientos españoles ascendía a 34.594 millones de euros, un 9% más que en 2008. En el caso de la provincia de Cádiz, los 44 consistorios acumulan 631 millones de euros de deuda a los bancos y los que más deben son Cádiz, Jerez y Algeciras. Esta magnitud supone que la deuda media por habitante supera los 517 euros.

Los responsables de CC OO y UGT del área pública y Csi-f tildaron ayer de «incongruente» y «lioso» el texto del Real Decreto.

La primera edil del Ayuntamiento de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, aclaró ayer que su gobierno estudia el decreto para ver de qué modo se podrá aplicar a sus planes de viabilidad de las arcas municipales, cuya maltrecha situación obliga a hacer sacrificios y recortes más allá de las que implique el tijeretazo del Ejecutivo central. En relación a la solicitud de préstamos, Sánchez adelantó que el consistorio no tiene pensado pedir ninguno. Insistió en que «sería una irresponsabilidad que un gobierno optara por pedir más créditos».

Planes especiales

La luz de alarma se enciende cada vez que una entidad local supera en deudas el 110% de sus ingresos corrientes. Los municipios de Jerez, Algeciras y La Línea han tenido que activar planes especiales de saneamiento igual que Barbate, Los Barrios y Arcos.

La medida tiene otra lectura para un ayuntamiento como el de Cádiz. Su concejal de Hacienda, José Blas Fernández, señala que el decreto congela de golpe las obras que no están financiadas y «obliga a replantear las cuentas municipales». El edil descarta que la medida del Gobierno afecte a obras ya comprometidas y financiadas como son el aparcamiento de Canalejas o la remodelación de Santa Bárbara.

El decreto obliga a los ayuntamientos a destinar el dinero que se ahorre con la reducción salarial de los funcionarios a sanear el remanente negativo de Tesorería, así como a reducir deuda a largo plazo y, lo que sobre, a inversión. Los alcaldes han tirado de calculadora para comprobar qué les queda para afrontar los compromisos con los vecinos.

El delegado provincial de Hacienda, Daniel Vázquez, señaló ayer a LA VOZ que se espera un desarrollo del decreto por parte de la Junta para definir su aplicación en cada comunidad. El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), asegura que el decreto que entra en vigor hoy es «espeluznante». El primer edil dibuja un horizonte «catastrofista» para las haciendas locales con el cierre del grifo de los préstamos y asegura que los ayuntamientos tendrán que cerrar sus puertas con estas medidas.

La aplicación de este plan de ajuste es la respuesta a tres años de incremento del déficit público en el que han participado todas las administraciones. De lo que se trata ahora es de recortar a toda costa 15.000 millones de euros.

El alcalde de Conil, Antonio Roldán (IU), ha sido muy duro. En su opinión supone «una catástrofe» para muchos ayuntamientos y lamenta que el Gobierno apueste por reducir el déficit público en lugar de por la creación de empleo.

Por su parte, el concejal socialista del Ayuntamiento de Arcos, Joaquín Macías, aseguró que su consistorio tiene margen para solicitar créditos a largo plazo, pero «no realizamos esta práctica desde 2007 para evitar más endeudamiento».

Las calculadoras echan humo en los ayuntamientos para aplicar el tijeretazo y poder llegar a fin de mes.