El FMI exige a España una revisión «radical» del mercado de trabajo

España no tiene todo el camino recorrido, ni mucho menos, en la senda de la recuperación. Para acercarse gradualmente a tasas de crecimiento del PIB entre el 1,5% y el 2% -las del escenario central previsto, todavía por debajo de las que tradicionalmente permiten estabilizar el ámbito laboral- será necesario acometer una revisión «urgente y radical» del mercado de trabajo, anclar firmemente la consolidación presupuestaria -es decir, recortar el déficit en mayores proporciones- y acelerar la reestructuración del sistema financiero.

Este es el duro diagnóstico de la misión del FMI que acaba de presentar su informe sobre España. Los expertos realizaron el 'trabajo de campo' antes de que el Gobierno diera a conocer las últimas medidas de austeridad presupuestaria, si bien tuvieron pistas concretas del pretendido alcance de estas disposiciones, y también pudieron realizar una evaluación previa de las dificultades que supondrá aplicarlas.

El ámbito laboral aparece como el más retrasado. Para afrontar el gran cambio en el mercado de trabajo, los expertos abogan por reducir los costes de despido por lo menos hasta los niveles medios de la Unión Europea, e insisten en la desvinculación de la evolución de los salarios de la trayectoria de los precios. Los expertos se apuntan a la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno ha puesto sobre mesa, que incluye la elevación de la edad de la jubilación hasta los 67 años, para hacer frente a las fuertes presiones de gasto a largo plazo.

El FMI urge, además, la reestructuración del sistema financiero para reducir la sobrecapacidad y abrir camino a instituciones más robustas. Advierte que los riesgos «se mantienen elevados y desigualmente distribuidos» y menciona en concreto a las cajas de ahorros como el segmento más vulnerable. Censura que el proceso de reconversión al amparo del FROB «ha sido demasiado lento», pero considera esperanzador el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP. Los expertos lo tienen claro. «El marco legal de las cajas de ahorro tiene que ser adaptado», apuntan, y recomiendan «reducir la influencia política en las entidades e impulsar su capacidad para aumentar capital».