el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea

Los 27 socios de la Unión Europea convinieron ayer en la necesidad de reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), tomar medidas para impedir que existan grandes diferencias en la competitividad de las economías nacionales, crear un mecanismo de gestión de crisis económicas y reforzar institucionalmente el gobierno económico. Se trata de los cuatro objetivos asumidos por un grupo especial de trabajo constituido en torno al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, por mandato de la cumbre de la UE, de la que forman parte los ministros de Finanzas de los 27, el comisario de Economía, Olli Rehn y el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.

El grupo celebró ayer por la tarde su primera reunión. Según el balance del encuentro que su presidente resumió ante los medios informativos, sus integrantes tienen asumido alcanzar un proyecto de conclusiones antes del Consejo europeo del próximo octubre, de modo que las adaptaciones necesarias para poner en marcha lo que se acuerde puedan estar listas para la reunión de los líderes europeos de diciembre.

En estos estadios preliminares de la discusión, la única cosa clara es, primero, que los 27 aprecian urgencia en la necesidad de tomar medidas para evitar la repetición de situaciones como las vividas a raíz de la crisis de la deuda griega, que llevó a los mercados a cuestionar la estabilidad del conjunto de la zona euro, y, segundo, que existe la voluntad política suficiente para evitar la repetición de hechos como los mencionados.

Lejos aún de perfilar las ideas finales, el grupo, según su presidente, convino en la necesidad de actualizar el mecanismo de sanciones previsto en el Pacto de Estabilidad, adaptándolo a la experiencia cosechada en la última crisis. La Comisión propone que sea posible imponer sanciones tempranas a un Estado miembro que incumpla las disposiciones de rigor presupuestario definidas por el PEC, bajo la forma de depósitos remunerados.

Van Rompuy precisó en rueda de prensa que «hay consenso para imponer sanciones pecuniarias y no pecuniarias» (a los incumplidores). Entre las primeras, y además de la susodicha de los depósitos, se cuenta la congelación de los fondos europeos que un Estado deba percibir. De entre las segundas, la más llamativa es la eventual suspensión de los derechos de voto en las instituciones europeas.

La reforma del Pacto de Estabilidad se acomete bajo presión alemana, que reclama acciones contundentes para luchar contra el debilitamiento de la moneda única. Berlín -principal aportador a los fondos de rescate diseñados para estabilizar el euro- ha elevado a rango constitucional el objetivo de equilibrio presupuestario y París estudia medidas similares. El margen nacional de maniobra presupuestaria va a salir muy mermado de estos debates.