Cameron estrena su diplomacia en París

El primer ministro británico, David Cameron, inició ayer su diplomacia europea en un tono más moderado que el previsto cuando se prometía un Gobierno conservador monocolor en la reciente campaña electoral y con una agenda en la que apremian los asuntos económicos sobre las cuestiones constitucionales y de soberanía.

Cameron recibió los telegramas de felicitación del francés Nicolas Sarkozy y la alemana Angela Merkel al confirmarse la formación de un Ejecutivo de coalición con los liberaldemócratas de Nick Clegg. Downing Street los publicó inmediatamente, junto al de Barack Obama, en una señal de la satisfacción que causaba su pronta recepción y los términos cordiales de recibimiento. Todo pudo ser distinto. Cameron retiró a los conservadores británicos del Partido Popular Europeo en su primera decisión para hacerse con el liderazgo de su partido, algo que consternó a sus colegas ideológicos. El pacto con los 'libdems' de Clegg, que han tenido la política más inequívocamente favorable a la UE en el arco británico, obliga a la moderación de líneas.

El primer signo llegó con el nombramiento de viceministro para Europa dentro de la cartera de Exteriores, guiada por William Hague. Cameron no confirmó a Marc François, un euroescéptico que había negociado la creación de su nuevo y extraño grupo parlamentario europeo, y en su lugar nombró a David Lidington, que trabajó en su día con el ministro Douglas Hurd y pertenece a la tradición pragmática partidaria de la Unión pero descontenta de que la unidad política o monetaria hayan ido tan lejos.

Nada más estrenarse el Gobierno británico, José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en el ejercicio de su presidencia europea la directiva sobre fondos de cobertura, que había prometido a Gordon Brown postergar hasta después de las elecciones. La reacción del Ejecutivo de coalición a un proyecto de regulación que ve como muy perjudicial para la red de servicios financieros con sede en Londres ha sido cauta, pero forma parte de la discreta diplomacia con Sarkozy y Merkel. El ex ministro laborista de Hacienda, Alistar Darling, comprometió cerca de 10.000 millones de euros en los fondos creados para hacer frente a la amenaza de suspensión de pagos de la deuda en Grecia y declaró ayer que los dirigentes europeos corren el peligro de avanzar confusamente hacia una segunda crisis financiera.

Un Gobierno conservador monocolor iba a actuar, en contra de la opinión laborista, en la línea de lo que está ocurriendo en España y en otros países europeos, mediante rápidos y drásticos recortes en el gasto público, porque decía que la reducción del déficit era la mejor manera de salir de la crisis.

Ambigua intervención fiscal

El pacto de Gobierno de coalición, que se publicó ayer en su versión completa -36 páginas en lugar de las nueve que se presentaron la pasada semana-, deja la intervención fiscal del Ejecutivo en un terreno más ambiguo. Hay promesas de recorte pero también de alivio en la presión tributaria. Habrá que esperar a la presentación del presupuesto para saber en qué dirección se avanza, pero el euroescepticismo británico tiene un nuevo rival en su propia Administración, que ya argumenta públicamente que la economía de Reino Unido necesita mercados europeos optimistas para tener el crecimiento que permitiría aclarar el horizonte de la deuda.

No hay en el programa de la coalición compromisos distintos a los que se anunciaban en el que los conservadores llevaron a los electores durante su campaña. Quieren aprobar una ley que impida la transferencia de poderes a Bruselas sin que la población sea consultada en referéndum. Aquí, la cuestión será saber dónde está el grado de cesión que hace saltar el mecanismo de esa cita con la ciudadanía a través de las urnas. No se quiere participar en la creación de un espacio común judicial y de orden público más allá del existente. Y se creará una comisión para estudiar si es conveniente la aprobación de una ley de derechos de los ciudadanos para evitar lo que se percibe como mala interferencia del código europeo incorporado a la ley británica. Esta cuestión dividía a los dos partidos de la coalición, que han decidido poner en marcha un gran número de comisiones para el estudio de áreas legislativas en las que han mantenido posiciones diferentes.