Regulación europea

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) atendieron ayer las explicaciones del Gobierno español sobre las medidas anunciadas para la reducción del déficit público que soporta nuestro país sin que ninguno de los asistentes expresara reservas. Ello, junto a las apreciaciones posteriores del comisario Olli Rehn señalando que tanto las decisiones del Ejecutivo español como las del portugués «van claramente en la buena dirección», permite transmitir a los actores de la economía y a los mercados esa mínima confianza que nuestro país y la zona euro necesitan para tratar de evitar que se produzcan más turbulencias en lo inmediato. Aunque será en la cita de los próximos 7 y 8 de junio cuando se emita el dictamen europeo definitivo sobre la necesidad o no de que se arbitren más medidas de reajuste tanto en España como en otros países. Ese plácet provisional de la UE contrasta, sin embargo, con la oposición o las renuencias que la iniciativa del presidente Rodríguez Zapatero está encontrando en las restantes fuerzas políticas. Que el decreto ley acabe convalidado con el voto negativo y la abstención de los demás grupos del Congreso no sería su mejor carta de presentación, ni de cara a su aplicación ni respecto a las garantías que Europa y los mercados esperan de España. En este sentido, las diferencias que afloran en el seno del Gobierno en cuanto a eventuales modificaciones en el actual marco impositivo introducen un factor de desconcierto que dificulta la asunción de las medidas anunciadas por parte de la sociedad y genera más dudas en el tejido productivo y entre los inversores. El Ecofin aprobó también ayer, con la oposición del Gobierno británico, la nueva norma de control y supervisión de los fondos de alto riesgo que, entre otros efectos, impediría la actuación dentro de la UE de gestores de 'hedge funds' foráneos. Se trata de una decisión drástica que requeriría ser perfeccionada durante su tramitación por el Europarlamento, de manera que se aseguren su eficacia real y sus ventajas. Pero sobre todo es preciso que la Unión Europea sea capaz de comprometer a los países del G-20, en su próxima reunión en Toronto, para una mayor regulación de los mercados a nivel global.