La cuesta de julio

El Gobierno ha empezado a diseñar las aún más restrictivas cuentas públicas de 2011, que deben recortar el gasto en 10.000 millones de euros adicionales y han de pasar el riguroso examen del resto de los socios de la zona euro. Para los presupuestos de las familias, el nuevo ajuste se adelantará unos meses. La cuesta arriba va a arrancar en julio, porque a comienzos de ese mes los hogares de los empleados públicos verán por primera vez adelgazada su nómina, una mayoría de domicilios pagarán más en el recibo de la luz y a todos los consumidores, sin excepción, la cesta de la compra les saldrá más cara por la subida del IVA reducido y ordinario. Así, se augura un verano triste, apenas aliviado por unas ofertas de rebajas anticipadas que han perdido parte de su atractivo al haberse convertido en elemento del paisaje cotidiano.

Imposible dar marcha atrás. Si en algún momento se planteó el Ejecutivo utilizar el anuncio de la subida del IVA como estímulo al alicaído consumo, con la idea de retrasarlo en el último momento, la crisis de la deuda, los batacazos de los mercados y la exigente vigilancia que los analistas mantienen sobre España le han demostrado que ya no se puede amagar y no dar. El 1 de julio el tipo reducido del IVA pasará del 7% al 8%, y el general del 16% al 18%. Desde 1995 -cuando ya se había superado la anterior etapa de recesión y el PIB crecía a un ritmo cercano al 3% anual- ningún Gobierno se había atrevido a elevar este recargo sobre los bienes y servicios.

Vamos a pagar más por muchos alimentos, excepto los básicos, como el pan común, la leche, los huevos, las frutas y las verduras, hortalizas y legumbres. Se encarecerán el corte de pelo, la reparación del coche, los trabajos de fontanería, el menú del día en la cafetería o restaurante, los refrescos y la cerveza del aperitivo, los productos de la limpieza doméstica, los billetes del transporte público. Y la subida será proporcionalmente mayor en el resto de los artículos de consumo, desde los considerados prescindibles, como las bebidas alcohólicas, el tabaco o la gasolina, en ciertos casos, hasta otros de uso o adquisición generalizado e inevitable (el gas, la electricidad, las prendas de vestir, calzado, menaje del hogar, muebles...).

La estructura de las familias tendrá mucho que ver con el mayor o menor impacto de este aumento. En los hogares con menos miembros, el gasto por persona más elevado corresponde a la vivienda -el alquiler no paga IVA, pero la compra sí- y a medida que crece el número de personas bajo un mismo techo sube la factura del transporte, la de suministros básicos y la de vestido y calzado. También se da la circunstancia de que es en los hogares con ingresos más bajos donde más peso relativo alcanzan los bienes y servicios de uso cotidiano.

Algunas empresas han anunciado la intención de no trasladar a los precios finales que abona el cliente el aumento del impuesto. Son, en su mayoría, cadenas de distribución, tanto grandes superficies como establecimientos vendedores de confección y complementos. Figuran entre las primeras Carrefour y Mercadona. El fabricante Inditex -que aglutina las tiendas Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe y Tempe- y las empresas H&M o Primark se han sumado a esta iniciativa, y cargarán el aumento del IVA en sus márgenes.

Las compañías suministradoras de servicios esenciales como la electricidad o el gas repercutirán en su totalidad el incremento. Sobre el precio actual de la bombona de butano de 12 kilos, el aumento estará en torno a los 20 céntimos. Los vendedores al por menor de gasolinas y gasóleos piensan lo mismo. Aseguran trabajar con márgenes mínimos -que no llegan al 5%- lo que les lleva a trasladar al precio final cualquier aumento fiscal que se produce.

La luz, un caso particular

En julio volverá a subir la tarifa eléctrica que pagan unos 20 millones de clientes domésticos, acogidos a una tarifa 'de último recurso' que se planteó como refugio para los usuarios con poca capacidad de negociar precios y se ha convertido en una trampa. Sólo los beneficiarios del bono social -parados, familias numerosas, consumidores que tienen contratada la mínima potencia- quedan a salvo de este aumento. Mientras los sueldos bajan o se congelan, el recibo de la luz se sigue encareciendo. Hace años que los usuarios no pagan lo que al parecer cuesta producir la electricidad, y la política populista de los gobiernos del PP, a la que sucedió la vocación 'verde' del gabinete de Zapatero, están engrosando al mismo tiempo la deuda acumulada y los costes actuales de generación, incluidos todo tipo de primas y subvenciones.

Para pagar el déficit de tarifa acumulado -16.000 millones de euros, una vez incluidos los 4.700 millones generados el pasado año-, más todos los sobrecostes que se han ido sumando a la tarifa de último recurso -el último de ellos, la obligación de quemar carbón autóctono en las centrales térmicas convencionales, más las compensaciones a las energías renovables, que ya ascendieron a 5.000 millones el pasado año- el recibo doméstico de la luz tendría que subir, según cálculos de la Comisión Nacional de la Energía, entre el 20% y el 25% en la revisión trimestral del próximo 1 de julio. El Gobierno atemperará, sin duda, ese incremento. Ahora no le inquieta tanto la repercusión del alza en el Índice de Precios de Consumo como el impacto del aumento en la situación económica de los hogares.

Una mayoría de los dos y millones y medio de trabajadores públicos -funcionarios y resto de empleados- de todas las administraciones y organismos públicos dispondrán de menos dinero en julio, porque la nómina correspondiente al mes anterior sufrirá el recorte decretado en el plan de austeridad. Está por concretar si el descuento se aplicará en las mensualidades o en la paga extra, pero el Gobierno ha decidido que, como media, la rebaja sea del 5%. Como su impacto irá de más a menos, es probable que los 'mileuristas' apenas perciban la reducción. También han quedado al margen las empresas públicas (Renfe, Adif, RTVE), pero no sus altos cargos. La rebaja se consolida, e irá seguida de la congelación salarial en 2011. Quien pase a ganar desde junio un 95% del sueldo de mayo continuará cobrando esa cuantía durante los 19 meses siguientes.

¿Replicarán las empresas privadas el recorte que van a sufrir los empleados públicos? Los sindicatos se resisten, pero saben que la batalla de la negociación colectiva será más dura a partir de este momento. Hasta el pasado abril, el incremento salarial medio pactado en los convenios se quedó en el 1,27%, la cifra más baja en muchos años y se sitúa en el entorno de la evolución de los precios en el actual ejercicio. Patronal y sindicatos suscribieron el pasado diciembre un acuerdo interconfederal para el periodo 2010-2012, en el que las dos partes apostaron por la moderación de los salarios para facilitar el mantenimiento del empleo.

Para el mes de julio, cuando empieza el periodo tradicional de vacaciones de verano, ya no quedará dinero en los fondos de ayuda a la compra de coches. El plan 2000E alentado por el Gobierno está a punto de agotar los recursos y no están los tiempos para librar una nueva provisión, por más que el sector augure un desplome si no se produce una prórroga. Calculan los fabricantes que los estímulos han generado una demanda adicional de unas 130.000 matriculaciones. Si se acaban los descuentos, la subida del IVA será la puntilla que llevará a los consumidores a aguardar mejores tiempos antes de cambiar de vehículo.

El arranque del verano es el momento en que más se nota la variación de precio de los carburantes. En julio de 2009 el petróleo había bajado a 60 dólares el barril, frente a los 147 dólares en que se llegó a situar justo un año antes. Gasolinas y gasóleos están trasladando estas semanas a precios finales el tirón provocado en las cotizaciones del crudo por unos indicios de recuperación económica que en unas pocas jornadas se han demostrado poco consistentes. Con el petróleo entre 70 y 80 dólares, nadie se atreve a pronosticar la evolución ni siquiera en el corto plazo de un par de meses.

Los créditos que el sistema bancario español concede a empresas y familias despegaron por fin el pasado marzo, con aumentos del 22% y el 20% respectivamente. Pero si los comparamos con la situación de un año antes, los concedidos a los hogares en ese mes se contrajeron un 21%. Bancos y cajas habían empezado a abrir el grifo para la adquisición de viviendas, mientras lo mantienen prácticamente cerrado para las compras de bienes duraderos y servicios. Pero la convulsión que sufrió el mercado mayorista del dinero en los pasados días 6 y 7 de mayo, en los que se produjo un cierre de la financiación a los países afectados por la crisis de la deuda, lleva a pensar que se reproducirán las dificultades.

Para el 1 de julio tiene que estar encarrilado el proceso de reordenación de las cajas de ahorro, porque en esa fecha vence el plazo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Mientras no se resuelvan los mecanismos para captar recursos, el crédito a los hogares sufrirá fuertes limitaciones.