Los empleados públicos irán a la huelga el 2 de junio

La primera «protesta contundente» de las muchas anunciadas ya tiene fecha. Los empleados públicos contestarán a su recorte salarial y la congelación de sus retribuciones en el próximo año con una huelga general en sus departamentos el 2 de junio. Antes, el día 20 de mayo celebrarán asambleas informativas en sus centros de trabajo y concentraciones en la puerta de las Delegaciones del Gobierno en las principales capitales de provincia.

La huelga estará organizada, en principio, por CC OO, UGT y CSIF, que firmaron en septiembre con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el acuerdo trianual vulnerado y que garantizaba el poder adquisitivo del colectivo durante la presente legislatura. No obstante, el paro, según sus promotores, se presenta abierto a otros sindicatos sectoriales. «La protesta paralizará la vida del país», advirtieron convencidos los convocantes de la huelga.

UGT fue la central que primero informó sobre el día elegido para la huelga, adelanto que no gustó a sus 'compañeros'. CC OO explicó que se había barajado el 2 de junio, opción que, a su juicio, era aceptable, mientras que CSIF se mostró contrariada. Sus responsables explicaron que la elección de una fecha tan relevante debe ser debatida y acordada por todos los organizadores y no tiene que ser unilateralmente por un sindicato. «Además, nosotros hemos sido los primeros en asumir la conveniencia y necesidad de una huelga en el sector», dijo Miguel Bara, miembro del comité de negociación de CSIF.

Pese a estos pequeños rifirrafes, responsables de las tres centrales se mostraron conscientes y decididos a conseguir conjuntamente que sean los empleados públicos los protagonistas del primer paso en «las movilizaciones contundentes» provocadas por «las medidas regresivas» anunciadas por Rodríguez Zapatero. «Estos trabajadores no pueden esperar -comentaron representantes de CC OO- porque son los primeros que van a padecer el ajuste. No debemos olvidar que los efectos del recorte ya se notarán en sus nóminas de junio».

Ante la pregunta de si la vicepresidenta Fernández de la Vega tendría que dimitir dada la situación de descrédito en la que se ha quedado, Enrique Fossoul, de CC OO respondió que las agresiones económicas y sociales «no se arreglan con dimisiones, sino con rigor en las propuestas». La ofensiva a los empleados públicos procede de «una política general del Gobierno», añadió y «la cuestión no es quién queda desautorizado».

'Mileuristas'

Los sindicatos dedicaron la jornada del 'día después' a resaltar en distintos foros el trabajo imprescindible que realizan los empleados públicos -colectivo constituido no solo por funcionarios- para la sociedad y los bajos salarios que perciben. «El 90% del personal laboral de la administración general del Estado cobra en torno a los 1.000 euros», denunció CC OO.

Fossoul recordó que desempeñan tareas de limpieza en las calles, ayuda a la dependencia, atención en los hospitales, educación, etc. y criticó a quienes «criminalizan» a un sector que ya había sido solidario con la crisis al admitir moderación salarial a la vez que pidió a todos los Ministerios respeto para estos trabajadores. El dirigente, asimismo, pidió explicaciones al Gobierno de cómo se van a utilizar las cláusulas de garantía que reflejaba el acuerdo suscrito.

El responsable de Comisiones, al igual que Julio Lacuerda, de UGT y el presidente de CSIF, Domingo Fernández, se encuentra a la espera de que la vicepresidenta convoque la mesa de la administración pública para abordar las incógnitas que rodean «un ajuste sin precedentes en la democracia». «La improvisación ha sido tal que ahora nos tienen que explicar cómo van a poder poner en práctica las medidas diseñadas. La cuestión no es fácil», aseveró.