La Plataforma contra el Catastrazo, juzgada por un delito electoral

Los miembros de la Plataforma contra el Catastrazo vuelven hoy a verse las caras con la Justicia. La cita será en el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez, a donde tendrán que acudir cuatro de los integrantes del colectivo que han sido acusados de un presunto delito electoral.

Coincidiendo con la celebración de la vista, la plataforma ha anunciado que se manifestará a las puertas del edificio judicial de la avenida Álvaro Domecq, con el fin de exigir que se absuelva a los imputados. La comisión de apoyo a estas personas ha elaborado 3.000 octavillas que serán repartidas a todos los presentes, en las que se ponen de manifiesto «los falsos hechos» que se les atribuyen.

«Queremos hacer un llamamiento a todos los trabajadores y ciudadanos -declararon desde el colectivo- para que acudan a la concentración en señal de solidaridad y repulsa». Los hechos que se juzgarán hoy se remontan al pasado 2007, cuando los cuatro acusados distribuyeron presuntamente material de contenido político durante la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales.

La creación de la plataforma dio lugar a una guerra abierta con el Ayuntamiento, ya que Medio Ambiente también abrió un expediente sancionador a tres personas por utilizar el mobiliario urbano en la última manifestación impulsada por el colectivo para la pega de carteles. Por si fuera poco, ya se han celebrado otros dos juicios de faltas en los que se condenó por desacato y desobediencia a la autoridad a dos de los miembros, mientras que otros dos quedaron absueltos a raíz de un incidente ocurrido con la Policía Local durante una de sus protestas.

Una de las últimas novedades ocurridas en torno al caso se produjo la pasada semana, cuando el PP sacó a la luz una sentencia que fallaba a favor del denunciante y obligaba al Ayuntamiento a restablecer los valores catastrales anteriores. Una cuestión que sin embargo se aplicará sólo de manera individual, puesto que beneficiará únicamente a quien haya interpuesto el correspondiente recurso por la vía judicial, a pesar de que la citada sentencia reconocía que «el vicio puede afectar a todos los contribuyentes».