Garzón defiende los 'pinchazos' en prisión para salvar pruebas de 'Gürtel'

El juez Baltasar Garzón defendió ayer en el Tribunal Supremo su actuación en la investigación que sacó a la luz los entresijos de la red 'Gürtel', la trama de corrupción que salpica a cargos del PP y que afecta a varias comunidades gobernadas por ese partido.

El magistrado compareció ayer como imputado en la tercera de las querellas que el alto tribunal investiga contra él, esta vez por los delitos de prevaricación y vulneración del derecho de la defensa, al haber ordenado intervenir las conversaciones de los cabecillas de la red con sus abogados en prisión.

Garzón declaró al magistrado del Supremo que instruye la causa, Alberto Jorge Barreiro, que su intención no era conocer la estrategia de los letrados con sus clientes sino evitar que éstos ocultaran pruebas, impedir que se perdieran otro material incriminatorio o, directamente, que la red corrupta siguiera delinquiendo en prisión.

Según el juez, «era lógico pensar» que los imputados presos necesitarían un enlace para seguir moviendo el dinero negro que depositaron en paraísos fiscales, de ahí que ordenara intervenir las conversaciones de los abogados. El juez precisó que fue escrupuloso cuando dispuso los 'pinchazos', ateniéndose a los principios de «proporcionalidad y necesidad», porque se trataba de una trama de «gran complejidad». Asimismo, explicó que tenía indicios de que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, cuyos abogados se han personado en la querella, junto a José Luis Peláez, defensor de otro imputado en la causa, el del empresario José Luis Ulibarri, podrían hacer llegar información a sus abogados sobre actividades ilícitas.

Garzón respondió durante cerca de cuatro horas a preguntas del magistrado del Supremo y del fiscal, pero ignoró a los letrados de las acusaciones particulares. Sólo recalcó a estos en un momento dado que «absolutamente no» usó las conversaciones mantenidos entre abogados e imputados en libertad, como era el caso de Ulibarri.

A la salida de la declaración, los querellantes respondieron que Garzón eludió referirse a las situaciones comprometidas y, sobre todo, a la razón que le llevó a no desglosar las conversaciones intervenidas pese a la petición reiterada de la Fiscalía. Sólo lo hizo cuando se inhibió de la investigación en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.

El promotor de la demanda, el abogado Peláez, criticó al Colegio de Abogados por no sumarse a la querella, pese a haber anunciado que lo iba a hacer, ya que está «en esta causa está en juego los derechos de la profesión», dijo.