Los 'mails' que inquietan al PP valenciano

Ya no son simples referencias en los informes policiales, ahora son pruebas de cargo en el sumario del 'caso Gürtel'. El juez Antonio Pedreira ya ha incluido en la causa la decena de correos electrónicos entre los responsables de Orange Market, la empresa de Francisco Correa que dirige Álvaro Pérez, 'El Bigotes', en Valencia, y un despacho de abogados que pusieron a la Policía Judicial tras la pista de la elaboración de facturas falsas. Unas trampas contables que, según los informes policiales, sirvieron para «financiar irregularmente» al PP de Valencia. Esos enjuagues, apuntan los atestados policiales, rondaron los 6,3 millones de euros.

El trapicheo, según desvelan los correos electrónicos, no podía ser más simple. Los empleados de Orange Market ordenaban a sus contables cambiar al PP como deudor de un servicio por el nombre de la empresa que aceptaba 'patrocinar' el acto. El procedimiento que describe la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en su informe del pasado 31 de julio detalla que «parte de los actos del Partido Popular son financiados por empresarios siendo para éstos donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido. Estos empresarios tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas que obtienen como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos».

La Policía, en concreto, cita como pagadores a las empresas Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos, FACSA y PIAF, todas dedicadas a las obras públicas. Esas compañías son las que se citan en los correos electrónicos a los que ha tenido acceso este periódico. El 'e-mail' más comprometedor para el partido y los empresarios fue enviado el 27 de junio de 2008. En ese correo, Merche, una de las empleadas de 'El Bigotes', da instrucciones para que se alteren cuatro facturas del PP y que éstas pasen a ser pagadas por los 'mecenas'. En dos de los casos, el supuesto beneficiado es el PP de la Comunidad Valenciana, que ve cómo dos deudas de 31.784 y 84.100 euros son endosadas a la firma Ortiz e Hijos.

En otros dos casos son facturas del PP de Castellón. Las órdenes son que las pague Facsa. Eso sí, con un sobrecoste apreciable. El primer cargo, por el que los populares debían pagar 14.190 euros, se endosa a la constructora, pero por un montante de 64.228 euros. O lo que es lo mismo: la compañía paga un 450% más por, supuestamente, patrocinar el acto de la formación. En el otro, Orange Market ordena que la factura para el PP de Castellón se cambie a Facsa, y también se aumenta el importe de 13.079 a 79.953, un incremento esta vez del 600%.

Otro 'e-mail' revela que una semana antes, el 20 de junio de 2008, la empresa de 'El Bigotes' había dado instrucciones para «corregir» las facturas que estaban a nombre de los populares. «Estas dos facturas que están puestas al Partido Popular hay que corregirlas y ponerlas a Enrique Ortiz e Hijos, Contratistas de Obras», son las precisas órdenes de Merche al despacho de abogados que lleva la contabilidad a la empresa patrocinadora.

Estafas

Los correos, además de revelar todo tipo de facturas de conveniencia, también destapan estafas al propio PP. En noviembre de 2008, la empresa de 'El Bigotes' dio instrucciones para elevar, sin ningún motivo conocido, una factura pendiente de la formación de 200.000 a 300.000 euros. «Supongo que no habrá problema para cambiarlo», afirmaban desde la empresa de 'El Bigotes'.

Estos 'e-mails' fueron los que alertaron a los expertos de la UDEF, pero, según la Policía, no son las únicas pruebas de lo que califican en sus informes como «financiación irregular» del partido. Esos correos tienen reflejo exacto en los libros de la contabilidad B de la trama, en los que aparecen y desaparecen las siglas del PP, a medida que se hacen cargo de las deudas las empresas bajo sospecha.

«Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados por el Partido Popular» no se desarrolló, según los informes policiales incluidos en el sumario, en un momento concreto y preciso, sino que tuvo una «persistencia en el tiempo». Un período -asegura la UDEF- en el que la trama corrupta no tiene remilgos en «negociar el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos (...) confeccionando facturas 'ad hoc' con conceptos acordados al efectivo entre Ricardo Costa (por entonces secretario general del PP valenciano» y Álvaro Pérez». «La financiación de la deuda de B (Barcelona) se sufraga de forma diversa: con aportaciones directas de empresarios de la comunidad de Valencia», concluyen los investigadores.