«En la investigación estamos chocando contra un muro»

Varias cajas repletas de documentos esperan ser abiertas en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Forman parte de la investigación en torno a las actividades de la familia Galán. Facturas, partes de incidencias, tarjetas de crédito de clientes y documentación variada que estaba guardada en las cajas fuerte de los clubes de alterne y de la finca El Toro. A los agentes de la Policía Judicial les queda una dura tarea en los próximos meses para completar la investigación. Están convencidos de que hay pruebas de que los Galán explotaban sexualmente a las prostitutas que trabajaban para ellos. Pero no terminan de convencer a la juez y al fiscal de ello. Sienten que cada vía que abren se les cierra al instante, dificultando así una operación pionera. Quizás por ser los primeros en poner en jaque el negocio del sexo cuando es gestionado por empresarios de guante blanco -y no por redes mafiosas extranjeras-, se han encontrado con tanto obstáculo. Uno de estos funcionarios resume a la perfección el sentimiento de impotencia que sienten tras meses de pesquisas: «Nos estamos chocando constantemente contra un muro».

Toscana salió a la luz el 17 de febrero, cuando el clan fue apresado en una larga noche de redada. Al cabeza de familia le descubrieron medio millón de euros bajo un jacuzzi y el titular del Juzgado nº 5 de Chiclana ordenaba inmovilizar un patrimonio de 50 millones de euros. La locura mediática se desataba y los indicios aportados por los agentes parecían asentarse cuando el juez ordenó el ingreso en prisión de siete de los 15 primeros detenidos, entre ellos el torero Juan Pedro Galán y su padre. En ese momento, la opinión pública desconocía que los investigadores llevaban ya seis meses sorteando dificultades.

Cinco jueces para un caso

La primera de ellas ha sido el cambio constante de instructor por incidencias como la baja médica que cogió la primera jueza que inició el asunto. Las diligencias policiales han llegado a pasar por las manos de cinco jueces, con sus cinco interpretaciones y visiones jurídicas. También ha habido sustituciones en el Ministerio Público, con tres fiscales que uno tras de otro han ido estudiando el asunto. Los investigadores de la Benemérita confiesan que esos cambios no han beneficiado a las pesquisas, que por ahora no han obtenido el resultado judicial que esperaban. Iniciaron una operación de la mano de una jueza y una fiscal que compartían sus criterios, pero esa sintonía se fue difuminando con los sucesivos sustitutos, que no tienen claro que las prostitutas que trabajan para los Galán sean víctimas de explotación sexual como así defienden los investigadores.

Algo parecido ocurre con la vertiente administrativa del caso. Este periódico destapó cómo la delegación del Turismo había eliminado del registro oficial de hoteles a cuatro de los clubes de los Galán, entre ellos La Hacienda de El Puerto. Esa resolución se acordó en julio del año pasado, y pese a poner en bandeja a los ayuntamientos la revocación de las licencias de apertura, los negocios de la familia volvieron a abrir cuando la última jueza en llegar levantó el precinto de los locales en marzo. La instructora instó a los ayuntamientos a que controlaran estos locales, advirtiéndoles de que estaban ejerciendo una actividad distinta a la que tenían autorizada. Ha llegado mayo y ningún consistorio ha reaccionado todavía.

Un nuevo delito imputado

Pese a todo, los agentes siguen revisando los permisos y han encontrado pruebas de un posible nuevo delito que imputar al clan: la falsificación de la licencia que exhibe el prostíbulo de Conil (Garum). «Solicitaron la concesión en varias ocasiones, pero el Ayuntamiento lo desestimaba. Salvo la última vez, que no respondieron. Se acogieron entonces al silencio administrativo para decir que habían obtenido el permiso de forma automática». Sin embargo, cuando registraron el local se toparon con una licencia que mostraba unos datos distintos a los que aparecen en los expedientes municipales, como el nombre de la sociedad que la solicita. Pese a estas irregularidades, desde la Guardia Civil siguen sin entender cómo los prostíbulos siguen abiertos.