El juez ordena audiciones de las escuchas ilegales para decidir qué anula del 'caso Gürtel'

«Audiciones reservadas» en la soledad de la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y bajo la estricta supervisión de los funcionarios del juzgado. Ese ha sido el método que ha ingeniado el instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, para determinar hasta dónde llega la contaminación de las escuchas declaradas ilegales de conversaciones de los principales imputados en la trama corrupta y sus abogados en la cárcel madrileña de Soto del Real.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico y firmado el pasado martes, el magistrado fija diez días de audiciones en su juzgado para que los letrados de los diferentes imputados escuchen las decenas de horas de grabaciones en los locutorios penitenciarios con el fin de que decidan, a la vista del contenido de esas cintas, qué otras pruebas creen nulas porque derivan de lo hablado entre los letrados y los tres encarcelados: el cabecilla de la red, Francisco Correa; su lugarteniente, Pablo Crespo, y el testaferro de la trama y primo de Correa, Antoine Sánchez.

Los defensores de los tres imputados en prisión, explica la resolución, tendrán acceso completo a todo lo que se grabó en los locutorios de Madrid V entre el 19 de febrero y el 6 de mayo de 2009, el período durante el que, primero Baltasar Garzón y luego Pedreira, autorizaron las polémicas escuchas. El resto de letrados sólo podrán conocer los 'pinchazos' de las conversaciones en las que ellos tomaron parte en los locutorios, a pesar de que ellos no tenían clientes encarcelados.

Lo que sí podrá consultar todos los abogados es la pieza separada que el juez ha creado dentro del sumario con la trascripción de las escuchas más importantes, y que ahora Pedreira ha declarado de nuevo «reservada» tras ver la luz pública en el primer levantamiento del secreto de las actuaciones en octubre de 2009. Los abogados -señala el autor- podrán «solicitar el desglose» de sus conversaciones, «que no su destrucción», precisa el documento.

Antonio Pedreira, tras las audiciones y la consulta de la pieza separada, ya avisa que dará un plazo de cinco días para que «todas las partes indiquen las diligencias que consideren que proceden de las conversaciones mantenidas entre letrados defensores o expresamente llamados en relación con asuntos penales e imputados en prisión». Tras el varapalo que la Sala de lo Penal y Civil le dio al anular las escuchas que él mismo había avalado, el juez no quiere más errores ni que los abogados le puedan plantear más problemas a cuenta de los controvertidos pinchazos. Por ello, ordena también a la dirección de Soto del Real que le remita un «certificado acreditativo de la totalidad de visitas» que recibieron durante período de las escuchas Correa, Crespo y Sánchez, con «expresa mención» de las visitas de los abogados.

Inédito

Este inédito procedimiento es la respuesta de Pedreira al auto del 25 de marzo en el que sus superiores estimaron las reclamaciones de los abogados y declararon ilegales los pinchazos en los letrados e imputados conversaban, entre otras cuestiones, sobre estrategias de defensa y procesales. La Sala de lo Civil y lo Penal entendió que esas charlas debían quedar anuladas pero dejó al arbitrio de Pedreira determinar qué otras actuaciones derivadas de esas escuchas serían ilícitas por provenir de las intervenciones ilegales. El instructor ha decidido que sean las partes (Fiscalía, acusaciones y defensas) las que abran el debate de hasta dónde llega la contaminación.

Los abogados de los principales imputados saben que estas escuchas irregulares son quizás el arma más importante con la que cuentan en este proceso. Varios letrados consultados, a expensa de conocer el contenido íntegro de las escuchas, ya han anunciado que pedirán numerosas nulidades de actuaciones e, incluso, la nulidad de todo lo instruido hasta el 16 febrero de 2009, el día en que Garzón autorizó los pinchazos.