Oportunidad perdida

Las medidas de austeridad adoptadas en el Consejo de Ministros de ayer, con la supresión de 32 altos cargos de distintos ministerios, la extinción de 14 empresas públicas y las fusiones que afectarían a otras 24 -con la consiguiente reducción del número de consejeros remunerados y de directivos- representan una iniciativa tan ineludible como aparente, si nos atenemos al ahorro de 16 millones de euros que suponen para el erario. El hecho de que la decisión se haya demorado nada menos que un mes respecto a la fecha anunciada por el presidente Rodríguez Zapatero no sólo refleja las dificultades que el Gobierno ha encontrado a la hora de persuadir a sus distintos departamentos y sociedades participadas. Permite además pensar que el Ejecutivo socialista, con su presidente al frente, no acaba de asumir la necesidad de racionalizar en su conjunto la Administración y sus empresas dependientes. De hecho, basta repasar los cambios introducidos para preguntarse por qué razón no se ha hecho lo propio con otros cargos y sociedades análogos y extraer la conclusión de que se trata de otra oportunidad perdida. Tan limitada actuación constituye un ejemplo propicio para que comunidades autónomas y ayuntamientos conserven la mayor parte de su actual organigrama de gobierno y de empresas dependientes. Es cierto que no resulta fácil emprender una racionalización a fondo del nivel directivo de las administraciones sin contar con un consenso político que permita generalizarlo y sin emprender, simultáneamente, una reordenación de la función pública en su conjunto. Pero lo mínimo que ha de exigírsele al Gobierno es que lidere una reforma que no permite dilaciones, ni desde el punto de vista del gasto público ni del de su eficacia. Es más que probable que el Gobierno haya procedido con tanta mesura para soslayar todo mensaje de alarma y evitar que en la opinión pública se afiance la sensación de que una buena parte de la Administración pública resulta superflua. Pero conviene recordar que lo que de verdad genera alarma es la inacción gubernamental, y que las medidas adoptadas ayer obligan al Gobierno a dar cuenta de por qué no se decide por otras análogas en su ámbito de competencias.