El Gobierno impasible

La rebaja en la valoración de la deuda pública española por parte de una de las tres agencias más influyentes -S&P- no sólo incrementa los intereses que el Estado deberá abonar para colocarla; representa además una seria advertencia respecto a la débil situación a la que podría verse abocado nuestro país, como cualquier otro que no ofrezca la suficiente solvencia en un mercado de capitales globalizado. El reproche moral que puedan merecer determinados movimientos especulativos que perjudiquen a los países incapaces de controlar su déficit público no puede eludir la responsabilidad de sus Gobiernos a la hora de atenuarlo con medidas de urgencia. Hasta hace poco el problema del balance entre ingresos y gastos de las administraciones públicas parecía limitarse en España a una discusión partidaria o ideológica sobre presión fiscal y compromiso social. El Gobierno de Rodríguez Zapatero dio sus primeras muestras de percatarse de que nuestra capacidad de endeudamiento dependía del crédito que nos concedieran los mercados a raíz de la crisis griega. Pero su reacción fue tan aparente como contradictoria, suscitando un debate de efectos remotos al sugerir retrasar la edad de jubilación dentro de una década, y urgiendo la reducción de gastos que no quiso contener dos meses antes. Todo para volver a la impasible actitud del presidente Zapatero, quien sigue confiando -como lo demostró anteayer al referirse al 20% de paro- en que la reactivación económica acabará dándole la razón. La Unión Europea y el euro están atravesando un momento sumamente delicado que podría condicionar su futuro si se encadena el descrédito de algunos de sus miembros. Mientras su presidente de turno, Rodríguez Zapatero, se suma a la indolencia general eludiendo siquiera pronunciarse sobre la situación. Ayer, responsables del Banco de España y del Santander coincidieron en que la situación que se vive en los mercados hace necesario que el Gobierno emprenda reformas con urgencia. El Ejecutivo español se ha mostrado incapaz de asumir el liderazgo compartido de la UE y renuente a encarar el déficit público con medidas más drásticas de contención, a reformar el mercado de trabajo con iniciativas que primen la contratación y a reordenar el sistema financiero en un sector tan políticamente intervenido como el de las cajas de ahorros.