Abusiva resolución

La propuesta de resolución acordada entre el PSC y CiU para instar, a través del Parlamento de Cataluña, la renovación del Tribunal Constitucional y la modificación de su Ley Orgánica con el propósito de impedir la prolongación del mandato de sus magistrados, resulta legítima en tres de sus cuatro apartados. Pero no ocurre así con el punto por el que el parlamento catalán se comprometería a «promover acciones para conseguir que el Tribunal Constitucional se declare incompetente». No es que tal compromiso carezca de validez jurídica -como reconocían ayer mismo portavoces del PSC- sino que se sitúa al margen de la Constitución. Es probable que Montilla y Mas estén tratando de ponerse la venda antes de que el TC acabe pronunciándose después de tan inadmisible dilación. Pero su frente común no debería caer en la torpeza de poner en cuestión al máximo órgano jurisdiccional del Estado democrático.