Zapatero echa un jarro de agua fría sobre las aspiraciones de Montilla

José Luis Rodríguez Zapatero echó ayer un jarro de agua fría sobre las aspiraciones del presidente de la Generalitat, José Montilla. El presidente del Gobierno dejó claro que no habrá una pronta renovación del Tribunal Constitucional y, sobre todo, que no se promoverá una reforma de la ley que regula el funcionamiento de la corte en tanto no haya sentencia del 'Estatut'.

La rotundidad de sus planteamientos coloca al líder del PSC en una tesitura compleja, después de esté en puertas de crear un frente común con el líder de CiU, Artur Mas, para exigir el relevo de aquellos magistrados que ya han acabado su mandato legal (en noviembre sólo habrá cuatro que no estén en situación de interinidad).

Hasta ahora, en un intento de evitar toda imagen de enfrentamiento con el 'partido hermano', el jefe del Ejecutivo había procurado nadar y guardar la ropa, al conceder que la sustitución de, entre otros, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, o el vicepresidente, Guillermo Jiménez, es «urgente» y recordar que no está en su mano acometerla porque, para hacerlo, necesita el concurso del PP.

El senador de CiU Jordi Vilajoana forzó en la sesión de control al Gobierno en la cámara alta que fuera un paso más allá. Si por la mañana el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, había planteado en un desayuno informativo que quizá fuera momento de sondear de nuevo a los 'populares' para ver por dónde respiran, Zapatero dio por hecho que no hay nada que hacer.

«Actuaré cuando las condiciones sean asumibles», se escudó. Se refería al hecho de que, como únicos candidatos posibles por su parte, el PP ofrece a Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente y ex portavoz, respectivamente, del anterior Consejo General del Poder Judicial y muy beligerantes con el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno dejó caer, además, que mientras las fuerzas políticas catalanas sigan presionando con este asunto será difícil que la postura del PP cambie. «Es necesario un clima de sosiego y discreción -alegó-, y mientras no lleguemos a un acuerdo debemos ser extraordinariamente fieles a la letra y el espíritu de los constitucionalistas».

De este modo, condenó también al fracaso la propuesta de reforma legislativa por la que PSC y CiU pretendían impedir la prorrogación del mandato de los magistrados en caso de un bloqueo político como el actual. Al margen de que semejante modificación no sortearía el hecho de que es la propia Carta Magna la que exige una mayoría de tres quintos para nombrar a los miembros del tribunal, el jefe del Ejecutivo subrayó que no es momento para agitar más el patio.

«¿Podemos cambiar la ley? -se preguntó- se puede hablar, pero a día de hoy dejemos que las cosas funcionen como están en el ordenamiento; así fortalecemos la democracia, la credibilidad del Estatuto y de lo que hemos hecho».

La respuesta de Zapatero es toda una victoria para CiU que, en vísperas de las elecciones, buscaba el modo de explotar las contradicciones entre PSOE y PSC. El presidente del Gobierno, sin embargo, tiene su propia batalla que dar. Ahora que desde el PP se le hace responsable de una crisis institucional en toda regla, se volcó en remarcar la legitimidad del Constitucional y censuró que se pida a los magistrados, como hicieron Montilla y Mas, que se declaren incompetentes para dictar sentencia sobre el estatuto catalán por haber sido éste refrendado. «Dejemos trabajar al Constitucional en su responsabilidad, de la que no puede abdicar -remarcó- para tratar de llegar una mayoría».

Sus palabras, aún así, no causaron impacto alguno sobre el PP.

«Tensiones intolerables»

Su secretaria general, María Dolores Cospedal, mantuvo intacto el discurso de los últimos días y, en su turno de pregunta, se dirigió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para denunciar que se está sometiendo a «casi todas» las instituciones del Estado a «unas tensiones absolutamente intolerables» sin que el Gobierno haga nada al respecto. «Ha tenido que ser la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, quien salga en defensa de la institución», recriminó.

Zapatero ya contaba con que los populares le atribuyeran culpa tanto en los reproches al Constitucional como en las protestas contra el Tribunal Supremo por haber abierto una causa a Baltasar Garzón a instancias de Falange. De ahí que pidiera a los suyos contención en sus pronunciamientos sobre ambas cuestiones. Tarde; porque el secretario de Estado de Política territorial, Gaspar Zarrías, ya había dado munición a la oposición con su presencia activa en actos a favor del magistrado instructor de la Audiencia Nacional.

El PP ayer pidió incluso su dimisión. Él replicó en una comparecencia en comisión en el Congreso que no lo hará porque no ha hecho nada malo. Zarrías subrayó además que no compartía muchas de las cosas que se dijeron en aquellas protestas (en la que se llegó a llamar torturadores algunos jueces). «Fui allí como un ciudadano libre» justificó.