Gabilondo teme que el conflicto del 'hiyab' provoque «segregación»

La polémica que rodea a Nawja Malha, la joven de 16 años apartada de un instituto de Pozuelo de Alarcón por usar el 'hiyab', no cesa. La decisión de un segundo centro, el San Juan de la Cruz, de modificar por sorpresa su reglamento para impedir el uso del velo ha provocado una marea de declaraciones en el Gobierno, que no ve con buenos ojos la modificación 'in extremis' de las normativas internas. Desde el Ejecutivo temen que medidas como ésta puedan desembocar en una discriminación de los alumnos en los colegios.

El primero en mostrar su preocupación fue el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien rechazó la medida del instituto. «No me gustan los colegios donde se vaya ubicando a los alumnos en función de lo que se puede y no se puede hacer», aseguró. Además, defendió que las normas de los centros deben mantener una coherencia y conocerse desde el primer día. «Me inquieta que se inicie un trasiego de alumnos en función de los reglamentos de los centros que termine, en algunos casos, en segregación», matizó. Gabilondo siempre se mostró partidario de que prevaleciera el derecho a la educación de la menor, e insistió una vez más en que se piense primero en la niña. «No esgrimamos nuestras diferencias sobre la cabeza de ningún escolar», remachó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también habló sobre el conflicto del 'hiyab' para matizar las diferencias entre «llevar un velo o una gorra». El ministro, partidario de regular el uso de estas prendas en los espacios públicos en la futura reforma de la Ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno, pidió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, «equilibrio» y «ponderación» para abordar este asunto. La mandataria regional ha mostrado su apoyo desde un principio a la decisión del Camilo José Cela.

Ninguna sanción

Sin embargo, la consejera de Educación de la Comunidad, Lucía Figar, alabó la actuación de su Gobierno, que «siempre defendió el derecho a la educación de la menor» y se mostró confiada en que la adolescente pueda retomar los estudios cuanto antes. Además, Figar explicó que no sancionarán a ninguno de los dos centros de Pozuelo que han rechazado a Najwa a pesar de que en el Ejecutivo autonómico no se comparten las formas en que se modificó el reglamento del San Juan de la Cruz. De hecho, se plantea cambiar la legislación para impedir que la normativa de cada centro pueda alterarse a mitad de curso.

Ante las críticas y el asombro de la Administración por su cambio de actitud, el San Juan de la Cruz, defendió ayer la decisión tomada de urgencia por el consejo escolar por 15 votos a favor y una abstención para «impedir llevar la cabeza cubierta con gorras u otras prendas». El centro justificó su decisión en el afán por «proteger los derechos de los alumnos» y así evitar «la creación de guetos y la segregación de los alumnos», según explicó en un comunicado. Es decir, el centro usa los mismos argumentos que el ministro Gabilondo para defender la posición contraria.

El problema surgió cuando tras pedir la madre de Najwa la baja del Camilo José Cela, centro donde estudiaba su hija y que prohibía el uso del 'hiyab', otro instituto cercano, el San Juan de la Cruz, modificó su reglamento para impedir que los alumnos acudiesen a las clases con la cabeza cubierta, algo por lo que hasta ese momento no había problemas. El comité de escolarización, encargado de decidir el traslado de la joven, se vio obligado a elegir un tercer centro, el Gerardo Diego, donde está permitido el uso del velo.

Sin embargo, Najwa tampoco acudió ayer a clase, quizás por la excesiva presión mediática. Desde la familia de la joven insisten en que emprenderán acciones judiciales contra el instituto Camilo José Cela por violar el artículo 16 de la Carta Magna, que protege «la libertad religiosa sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público». De momento se han puesto en contacto con el abogado Iván Jiménez-Aybar, quien considera que la expulsión de Najwa del instituto fue «desproporcionada» y atentó contra «su dignidad». Por tanto, están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional.