Los socialistas no apoyarán la reforma de la ley de Amnistía

Los socialistas no apoyarán la reforma de la ley de Amnistía de 1977 que IU llevará al pleno del Congreso. El rechazo del PSOE acaba con cualquier posibilidad de que prospere el cambio legislativo, ya que el PP, aunque no ha hecho pronunciamiento oficial alguno, tampoco es partidario de tocar la norma de la transición.

Los socialistas no habían hecho valoración alguna desde que IU registrase el martes la propuesta en el Congreso, pero ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rompió el silencio. Indicó que el Gobierno, y por lo tanto el partido que le apoya, no se plantea realizar modificación alguna de la ley de Amnistía y añadió que el Ejecutivo ya abordó los derechos de las víctimas del franquismo con la puesta en marcha de la ley de la Memoria Histórica.

IU registró esta semana el cambio legal como fórmula para dejar claro que la ley de Amnistía nunca fue una «ley de punto final», una norma que eximía de cualquier responsabilidad penal a los autores de crímenes de raíz política o violaciones de derechos humanos durante el franquismo. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, señaló que esta norma tenía como único objetivo excarcelar o evitar los procesos judiciales contra las personas que habían violado las leyes de la dictadura para luchar por la llegada a España de la libertad y la democracia.

«Cortar las dudas de raíz»

Llamazares indicó, que a la vista de la apertura del proceso contra Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes de la dictadura, conviene introducir un nuevo artículo y una disposición adicional a la ley de hace 33 años para dejar las cosas claras y «cortar de raíz las dudas e interpretaciones».

El artículo nuevo especifica que «en ningún caso será de aplicación la amnistía a los actos criminales de genocidio o lesa humanidad cometidos con anterioridad a la presente ley" porque según las normas internacionales son imprescriptibles. El resto del texto del artículo define estos dos delitos y todas sus manifestaciones, como los planes masivos y sistemáticos para causar matanzas, secuestros, desapariciones, vejaciones, torturas, deportaciones, etcétera.

La disposición final, el segundo elemento que completaría la reforma, trata de desatascar cualquier proceso con esta finalidad, de los cientos embarrancados en España, al declarar «revisable» cualquier resolución anterior que vulnere la ley.