Destituida la cúpula de la cárcel de Meco tras un escándalo de sexo y alcohol

Sexo y alcohol... por el momento. El escándalo de la cárcel de Madrid I, Meco, la mayor prisión de mujeres de España, se ha llevado por delante la cabeza del director del centro, Luis Cuevas, el subdirector de Seguridad y el administrador del centro, y ha dejado sin empleo y sueldo a dos de los funcionarios bajo sospecha. Los cargos, aún bajo investigación, son introducir bebidas en la cárcel y trato de favor a algunas reclusas con las que los vigilantes mantenían relaciones íntimas, siempre «consentidas», según el Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba insiste en que la investigación interna sólo ha constatado, hasta ahora, «comportamientos inaceptables» por parte de algunos funcionarios que se arriesgan a sanciones «disciplinarias», incluida la expulsión definitiva, pero nunca «actividades delictivas». Aún así, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este viernes que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los «comportamientos irregulares» registrados en Meco, donde están recluidas 614 mujeres, el 80% por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La mitad de las presas del penal son extranjeras -muchas detenidas en Barajas como 'correos'- sin apenas recursos ni apoyos familiares en España.

La orden fulminante de destitución de la dirección de Meco se produjo el pasado miércoles. Fue la propia secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien dio las instrucciones tras conocer el informe preliminar de los servicios de Inspección Penitenciaria, que desde el 31 de diciembre de 2009 investigaban varias denuncias de internas y funcionarios sobre lo que acontecía durante las noches en esa cárcel madrileña.

Los inspectores, que tienen bajo su lupa a otra docena vigilantes que no han sido apartados del servicio por falta de pruebas fehacientes, aseguran haber constatado «presuntas irregularidades cometidas por algunos funcionarios en el desempeño de sus labores». En particular, han descubierto que uno de los guardianes penitenciarios una noche del pasado marzo «abrió las celdas de dos internas» sin permiso de sus superiores y «compartió varias horas con ellas». Según el comunicado oficial de Instituciones Penitenciarias, «en estos momentos se investiga si algunos funcionarios pudieron mantener relaciones sexuales consentidas con varias internas».

Los inspectores «detectaron igualmente que algunos funcionarios introducían y consumían alcohol en el centro, lo que les impedía realizar sus funciones con la profesionalidad debida», explica la nota del Ministerio del Interior. Fuentes penitenciarias precisaron que el episodio del alcohol se produjo la pasada Nochevieja, cuando uno de los funcionarios abandonó su puesto, salió de la cárcel para comprar varias bebidas, que a la vuelta compartió con varios compañeros.

Falta de pruebas

La inspección no ha encontrado pruebas de que también se ofreciera alcohol a las reclusas 'protegidas' de los funcionarios, aunque no se descarta. Los responsables penitenciarios negaron de manera categórica tener indicios de que los vigilantes hubieran facilitado drogas a las internas o el acceso a teléfonos móviles, prohibidos en los centros carcelarios.

El departamento que dirige Gallizo justificó el cese inmediato de los tres máximos responsables de la cárcel «ante la incapacidad de la dirección del centro para hacer frente a la situación». Responsables de Interior explicaron que el director y sus colaboradores, aunque habían informado a Instituciones Penitenciarias del capítulo de Nochevieja, no habían logrado imponer la disciplina entre los funcionarios díscolos ni habían tomado medidas disciplinarias contra los trabajadores bajo sospecha.

Meco, por el momento, pasará a estar dirigida por un inspector, que permanecerá en el cargo de manera provisional mientras concluye la investigación interna.

Instituciones Penitenciarias aseguró que los «comportamientos individuales» de los guardianes expedientados no son extrapolables a la plantilla del Centro Penitenciario Madrid I, que «funciona con absoluta normalidad» y en el que trabajan casi 350 vigilantes.

Tras saltar el escándalo a la luz pública, el Gobierno insistió en la rotundidad con la que se ha atajado «de raíz» el problema. «La Administración Penitenciaria seguirá manteniendo la más estricta exigencia en el cumplimiento de las normas y de la profesionalidad en el trabajo de los funcionarios», apuntaron en Instituciones Penitenciarias. En idéntica línea, Fernández de la Vega subrayó la «reacción inmediata por parte de la Administración para llegar hasta el final». «Se trata de un hecho excepcional, los centros no tienen problemas», apostilló la vicepresidenta.