Ayudas trucadas

Los 250.000 compradores que a lo largo del año pasado se beneficiaron del Plan 2000E percibiendo al adquirir un automóvil 500 euros por parte del Estado y otro tanto de su Comunidad Autónoma tendrán la obligación de devolver parte de esas ayudas en función de su nivel de ingresos. La letra pequeña del Plan que ha contribuido a dinamizar el mercado y consolidar el empleo obliga a incluirlas en la declaración del IRPF, incluso de los contribuyentes que no tienen obligación de declarar, puede acabar costando a los compradores entre 240 y 430 euros. Pero la sorpresa de miles de ciudadanos que desconocían la improcedente penalización contrasta con la pericia fiscal del Estado que recuperará por esa vía 50 de los 140 millones que destinó a ayudas más lo recaudado por el repunte de la venta de coches. En principio no parece razonable penalizar fiscalmente una subvención para animar a compradores y vendedores, pero lo que resulta inaceptable es omitir la información necesaria para que los consumidores adopten sus decisiones de compra advirtiendo de antemano todas sus consecuencias presupuestarias.