El Consejo del Poder Judicial recibe 100.000 firmas de apoyo al instructor

Madrugadores, los familiares de ejecutados en el cementerio de Ocaña, en Toledo, acudieron ayer a la sede del Consejo General del Poder Judicial con una decena de archivadores en sus brazos. Contenían, al menos, 100.000 firmas de apoyo a Baltasar Garzón. Todas ellas impresas y procesadas con nombre y apellido. Junto a las firmas llevaba un documento en el que pedían al órgano de gobierno de los jueces que, «ante esta insólita situación, no proceda a la suspensión del juez».

Se trata de una medida más de protesta para denunciar la situación procesal del magistrado, al borde del banquillo por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. Amnistía Internacional se subió también al tren de apoyos a Garzón y reclamó la retirada de los «escandalosos» cargos presentados por el Tribunal Supremo, en un comunicado leído en Londres por la directora de la organización, Widney Brown.

«Si la investigación del juez Garzón viola o no la ley española es, sencillamente, irrelevante, porque la propia ley (de amnistía de 1977) viola el derecho internacional», señaló la responsable de Amnistía, quien precisó que «investigar violaciones de derechos humanos pasadas (...) nunca debe considerarse un acto criminal».

En Chile también se acordaron del juez y medio centenar de parlamentarios suscribieron una declaración en la que «repudiaron de la forma más categórica el hostigamiento» judicial al que está siendo sometido. Hablaron de «cruel paradoja», ya que estuvo a punto de procesar a Pinochet y ahora será juzgado por investigar los crímenes del franquismo. Tacharon asimismo a Manos Limpias y Falange de personajes de «dudosa calidad moral».