Rajoy afirma que renovar el Tribunal Constitucional sería su liquidación

La renovación del Tribunal Constitucional amenaza con ser la próxima batalla. Mariano Rajoy dejó reposar 48 horas la no sentencia sobre el recurso de su partido contra el 'Estatut' y se erigió en firme defensor de la permanencia de la corte como está porque reemplazar ahora a sus componentes sería firmar su acta de defunción. El Gobierno aún calla, pero el presidente del Congreso, el socialista José Bono, vio razonable que se sustituya a los juristas con mandato vencido. Para complicar un poco más la madeja, gana enteros entre las fuerzas catalanas la idea de que el Parlamento autonómico recuse a los cuatro interinos, entre ellos la presidenta del tribunal.

En vista de la imposibilidad de resolver el fondo de la cuestión, la impugnación de la ley del autogobierno de Cataluña, las escaramuzas se dirigen a los responsables de mantener vivo el conflicto, los magistrados del Constitucional. Rajoy se cerró en banda a esa posibilidad porque renovar ahora el tribunal sería lanzar «un torpedo a la línea de flotación» de la institución. Supondría, prosiguió, dañar «para siempre el crédito y la reputación» de la corte, además de liquidar «su futuro». No se puede, dijo, «cambiar ahora en mitad del partido» sobre el 'Estatut' «las reglas del juego» que han regido durante los tres años y medio largos que dura el debate.

La rotundidad del líder de la oposición tiene una explicación. Un cambio en la correlación de fuerzas entre magistrados conservadores y progresistas sólo puede perjudicar los intereses del PP porque la mayor parte del actual tribunal fue elegido en los años de mayoría absoluta de José María Aznar. Un relevo ahora implicaría el incremento los avalados por los socialistas en detrimento de los apoyados por los populares.

Se da la circunstancia, además, de que el bloque conservador del Constitucional, con el apoyo de un magistrado progresista, ha frustrado todos los intentos de sacar adelante la sentencia más favorable al 'Estatut', y cualquier otro fallo que salga adelante en el futuro será más restrictivo con el marco de autogobierno y dará la razón a una parte mayor del recurso del PP.

Obligación

El Gobierno y el PSOE aún no han dejado clara su postura respecto a la renovación del Constitucional, atascada desde 2008 por el desacuerdo con el PP sobre los candidatos para reemplazar a los cuatro interinos. Fuentes socialistas creen que sería una posible solución para desbloquear la solución, pero esperan a que Zapatero marque la línea a seguir. Quién no aguardó a que se establezca la estrategia fue Bono, quien en una entrevista publicada este domingo consideró que sustituir a los miembros del tribunal con mandato vencido es «una obligación» y sugirió a los líderes socialistas y populares «encerrarse y no levantarse hasta desbloquear» la renovación.

Donde no se admiten dudas sobre la necesidad de cambiar los magistrados es entre las fuerzas catalanas. Todas, salvo el PP, respaldaron que se proceda a reemplazar a los cuatro que deberían haber sido sustituidos en diciembre de 2007. Pero como no va a ser fácil un acuerdo en ese terreno, CiU dio un paso más y propuso que el Parlament de Cataluña recuse a los que tienen el mandato caducado. Una idea que el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, vio viable después de muchos meses de negar esa vía.

El problema para las fuerzas catalanas es que una recusación del 'Parlament' tendría escasos efectos prácticos porque, como recordó Montilla, los encargados de estudiar la recusación serían los propios magistrados del Tribunal Constitucional.