judicial

La diatriba suscitada en torno a los tres procedimientos por presunta prevaricación o cohecho que se siguen en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón -los tres sustentados en acusaciones particulares- está encrespando la vida pública española, reeditando los peores episodios de la confrontación entre socialistas y populares, reabriendo heridas del pasado que parecían superadas tres décadas después de la Transición y poniendo en evidencia al poder judicial. El centro del escenario público está siendo ocupado por una confrontación desatada e incluso por el protagonismo de aquellas posiciones que, desde una postura u otra, querrían revisar el tránsito de la dictadura a la democracia en España. Ni el Gobierno ni las fuerzas parlamentarias que secundaron la llamada Ley de la Memoria Histórica pueden continuar propiciando con su silencio o su ambigüedad que tan delicada polémica siga enrareciendo la vida pública. Ni el Partido Popular puede contemplar sin respuesta cómo sectores que se sitúan a su derecha se aprovechan de la confusión para hacer aflorar el revanchismo nostálgico de aquellos a los que les gustaría que España hubiese quedado varada en el pasado. Es en este clima donde resulta más inquietante constatar las debilidades e incluso las pequeñas miserias que afectan a la Justicia, el poder del Estado encargado de zanjar en última instancia los litigios entre los españoles. Debilidades y miserias que están ofreciendo sus mejores muestras en torno a los procedimientos abiertos por el Supremo contra Baltasar Garzón y las reacciones expresas o calladas que ello ha generado en la judicatura, en la injustificable peripecia que vive un Tribunal Constitucional con claros síntomas de agotamiento, o en la limitada autoridad que puede ejercer un Consejo del Poder Judicial tantas veces mediatizado. A estas alturas puede resultar vano apelar a la restauración de un entendimiento institucional que permita a jueces y tribunales ocupar el sitio que les corresponde en democracia, con la anuencia de los partidos representativos y la asunción de su propia responsabilidad por parte de las mujeres y hombres que integran el poder judicial. Pero está claro que sin ese compromiso institucional el deterioro de la vida pública puede acabar afectando a la legitimación social del Estado de derecho.