Rajoy se guarda la llave para renovar el Tribunal Constitucional

En Cataluña es un clamor, pero en Madrid ponen sordina a la petición de inmediata renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional por su incapacidad para resolver los recursos contra el 'Estatut' de Cataluña. José Luis Rodríguez Zapatero no ha dicho su última palabra, pero muestra disposición a encarar la sustitución de los que han acabado o acaban su mandato en los próximos meses. Mariano Rajoy, sin embargo, no tiene esa misma inclinación y guarda con celo la llave de los reemplazos sabedor de que el apoyo del PP es imprescindible.

La imposibilidad de emitir una sentencia sobre el recurso de los populares contra el 'Estatut' ha hecho que aflore otro problema que estaba tapado por las deliberaciones, la renovación de los magistrados de la corte. De los diez que participan en el debate, cuatro tienen su mandato vencido desde diciembre de 2007, y tres tienen fecha de caducidad para noviembre de este año. Es decir, si se prolongan las deliberaciones, sólo tres reunirían las condiciones para decidir.

Ésta es la parte formal que ameritaría la renovación del órgano constitucional. La razón política radica en que el tribunal ha demostrado que con la composición actual llegar a un acuerdo sobre el 'Estatut' está fuera de su alcance. No hay mayoría para una lectura flexible del marco de autogobierno, como se pudo comprobar con la votación del quinto borrador.

Pero tampoco la hay para una restrictiva que cercene la mayoría del articulado. Una ponencia con esta filosofía sólo tendría asegurados tres apoyos de los diez posibles. Los planteamientos intermedios, encarnados por tres de los magistrados, tampoco garantizan la mayoría. La situación está enquistada y no parece que el nuevo ponente, el conservador Guillermo Jiménez, vaya a romper el bloqueo.

La solución, sin embargo, no se vislumbra a corto plazo. Los cuatro magistrados que se debían haber reemplazado en 2007, tres conservadores y uno progresista, corresponden a la cuota del Senado. Las negociaciones apuntaban a la designación de dos representantes para cada bloque, pero quedaron congeladas por los candidatos del partido opositor, Enrique López y Francisco Hernando, inasumibles para el PSOE pues en la pasada legislatura fueron los arietes judiciales contra el Gobierno.

Los tres magistrados que se deben renovar en noviembre de este año, dos progresistas y un conservador, en realidad son cuatro porque Roberto García-Calvo, el conservador que falleció en mayo de 2008, entraba en este turno. El cuarteto es la cuota del Congreso, donde el PSOE tiene mayoría relativa que con los nacionalistas es absoluta. Pero el PP tiene mucho que decir porque los candidatos necesitan el respaldo de dos tercios de la cámara, un listón inalcanzable sin los populares. El Congreso, por tanto, es posible que divida sus representantes entre los dos bloques.

En el supuesto de que se produzca este reparto la correlación de fuerzas en el Constitucional experimentará un vuelco porque de los cuatro que tienen mandato hasta 2013, tres son progresistas, entre ellos el recusado Pablo Pérez Tremps, y uno conservador. Es decir, que sería muy viable que los 12 puestos se repartan entre siete magistrados avalados por el PSOE y cinco propuestos por el PP.

Sin prisa

No es de extrañar, por tanto, que Rajoy no tenga prisa en renovar la corte porque con ese nuevo reparto su recurso contra el 'Estatut' estaría condenado a la papelera.

Si el líder del PP no tiene prisa por renovar, tampoco tiene mucha más Zapatero, al menos hasta ahora. Que en casi 1.500 días de deliberaciones no haya sido posible el acuerdo no era malo para los intereses socialistas con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Pero el último fracaso ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia del presidente de la Generalitat, quien reclamó al jefe del Ejecutivo la renovación de la corte. Zapatero, dicen fuentes de la Moncloa, escuchó «atentamente» sus planteamientos, pero nada más.

Los socialistas, además, no ven clara la necesidad de encarar ya ese proceso pues se interpretaría que se pretende conformar un tribunal 'ad hoc' para salvar el 'Estatut' y ello ahondaría el desprestigio que acumula la institución.