El Gobierno confía en que la causa se archive en Argentina

Para el Gobierno sería un baldón que la Justicia argentina investigue las desapariciones y crímenes del franquismo. La paradoja de que sea un tribunal de Buenos Aires el que asuma la causa que no pudo investigar en España el juez Baltasar Garzón preocupa en la Moncloa, que, sin embargo, confía en que no prospere la demanda presentada por dos ciudadanos argentinos de origen español. El Ejecutivo tiene argumentos jurídicos para pensar que la querella no sea admitida a trámite en virtud del principio de la jurisdicción universal. Considera que el proceso abierto a Garzón en el Tribunal Supremo traería a colación el principio de subsidiariedad, según el cual la demanda no es viable porque en España, aunque no está centralizada en un tribunal, ya hay abiertas varias causas sobre los crímenes del franquismo en los juzgados ordinarios de distintas provincias.

Este mismo precepto ya fue invocado esta semana por el alto tribunal para confirmar el archivo de una querella contra las autoridades israelíes por el bombardeo del Ejército hebreo sobre la ciudad palestina de Gaza, porque el asunto se investiga por la Justicia de ese país de Oriente Próximo. Esta resolución del Supremo se produce después de que el Congreso limitara en junio de 2009 el principio de justicia universal con el objetivo de que la Audiencia Nacional sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad cuando aparezcan víctimas nacionales, exista algún vínculo con España, los presuntos responsables se encuentren en territorio español y no haya una investigación judicial en el país donde sucedieron los hechos.

El Gobierno defiende además que la ley de la Memoria Histórica, vigente desde diciembre de 2007, es otro instrumento legal que tienen los familiares de las víctimas del franquismo para la búsqueda de sus seres queridos.

La demanda ante los tribunales argentinos fue presentada por los ciudadanos Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, que solicitaron la apertura de una investigación por la desaparición y asesinato del padre del primero y el abuelo y dos tíos abuelos de la segunda durante el régimen franquista.

Investigación

En las 70 páginas de la querella se aduce que la Justicia argentina regula el principio de jurisdicción universal e invoca el precepto que establece que los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, no prescriben porque afectan a todo el género humano y pueden ser juzgados en cualquier país. Siempre, eso sí, que en España no se investiguen, como creen los querellantes y contradice el Gobierno español.

El caso ha caído en el Juzgado número 1 de la Cámara Federal, cuya titular es María Servini de Cubría, quien deberá decidir sobre la admisión a trámite de la querella una vez haya recibido un informe de la Fiscalía argentina. Si da curso a la demanda será la primera vez que un juez argentino aplique el principio de jurisdicción universal para delitos cometidos en el exterior.

Los denunciantes solicitan que se recaben en España los nombres y domicilios de los miembros del Gobierno existentes entre el 17 julio de 1936, un día antes del alzamiento militar de Franco, y el 15 de junio 1977, fecha de las primera elecciones democráticas. Asimismo, presentaron un informe con las 113.000 personas que pudieron desaparecer en ese tiempo, a partir de los datos contenidos en la instrucción que abrió Garzón.

Precisamente, el Tribunal Supremo hizo público este viernes una providencia en la que aparcaba la cuestión de competencias planteada por un juzgado de El Escorial y otro de Granada para, en el primer caso, exhumar las fosas del Valle de los Caídos y, en el segundo, abrir la que presuntamente tendría los restos de Federico García Lorca. La resolución no se conocerá hasta que la causa abierta a Garzón por investigar los crímenes del franquismo no concluya. Esto es, hasta que no haya una sentencia del Supremo sobre la presunta prevaricación.