LA CAUSA CONTRA GARZÓN RESUCITA LAS DOS ESPAÑAS

Baltasar Garzón despierta sentimientos extremos, filias y fobias, y ese rasgo de su personalidad se ha manifestado con todo su esplendor en las últimas semanas. Gobierno y oposición, fuerzas políticas, la judicatura y buena parte de los medios de comunicación se han dividido en defensores y detractores. Con el factor añadido de la irrupción del demonio de los demonios en este país, el franquismo. El cóctel, pues, ha resultado explosivo, como no podía ser de otra manera cuando confluyen un personaje que admite escasos matices y un tabú. El fantasma de las 'dos Españas' pugna por resurgir.

El más que previsible procesamiento en el Tribunal Supremo del juez de la Audiencia Nacional por haber incurrido en presunta prevaricación al investigar las desapariciones y crímenes del franquismo ha tenido la virtualidad de despertar el debate sobre las dos Españas y reavivar un tufillo 'guerracivilista'. Cierto es que clima sólo ha cuajado en los sectores más radicales, y no ha prendido entre las fuerzas mayoritarias ni se ha instalado en la sociedad. Pero las luces de alarma se han encendido.

El Gobierno, por ahora, no aprecia riesgos de desbordamiento ni cree que haya motivo para la alarma. Considera compatible el ejercicio de la libertad de expresión con el respeto a la independencia judicial. Aunque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, por si acaso, ha empezado a hacer llamamientos a la serenidad para que el asunto no salga del marco jurídico aunque tenga una apasionada lectura social.

Otros dirigentes políticos de distinto color político se muestran, sin embargo, más inquietos con la deriva. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, urgió esta semana a que terminen «los enfrentamientos fratricidas»; el líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, exigió que acabe el debate sobre los vestigios del franquismo porque sólo sirve «para levantar a las dos Españas y desacreditar la Transición»; mientras que el portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, mostró su «preocupación» por el resurgimiento de «las dos Españas irreconciliables, que extreman sus posiciones y son incapaces de encontrar un punto en común».

Entretanto, el juez de la Audiencia Nacional está en capilla de ser procesado. Garzón creía saber a lo que se exponía cuando el 16 de octubre de 2008 se declaró competente para investigar unas denuncias sobre personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la ulterior dictadura. Pero erró el cálculo, sus elucubraciones ni siquiera repararon en que iba a abrir una caja de Pandora que como mejor está es cerrada. Nunca pensó que él, el que investigó los desmanes de las dictaduras argentina y chilena, tuviera que hacer el 'paseíllo' de 300 metros entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para explicar por qué se consideró legitimado para indagar sobre maldades similares en España.

Aquel paso ha traído estos lodos y ha situado a Garzón en boca de todos. Se ha convertido en el balón que unos y otros quieren rematar aunque sea en diferentes porterías. Los que desean poner fin a su carrera intentan marcar en la del Supremo; los que pretenden preservar su futuro profesional chutan hacia la de la calle. Mas los primeros llevan las de ganar puesto que la causa se dirime en sede judicial, y los segundos, a lo máximo que pueden aspirar es a la victoria moral, que consuela, pero no redime.

Brocha gorda

La presunta prevaricación cometida, sin dejar de ser relevante, se ha convertido con el paso de los días en la excusa para que muchos ajusten cuentas con el juez, un hombre de más enemigos profesionales y políticos que amigos. La controversia técnica sobre la competencia del magistrado, los efectos de la ley de Amnistía de 1977 o la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad se han quedado de puertas para adentro del Supremo. Fuera reina el griterío, la visceralidad y el discurso de brocha gorda, ajeno a sutilezas procedimentales.

En el mundo togado muchos piensan que ha llegado la hora para un magistrado que, dicen, se mueve más cómodo en los casos de relumbrón que en el trabajo callado de los despachos, y que goza de un ascendiente social impropio, por encima de su valía profesional. Para el sector conservador de la magistratura se trata de un escarmiento a una forma de impartir justicia. Los progresistas, a su vez, no ejercen el habitual papel de contrapeso dado que Garzón, por su controvertida personalidad, no cuenta con demasiados asideros en ese sector. Este cuadro hostil no es patrimonio del Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, en la Audiencia Nacional la aversión es mayoritaria.

La ultraderecha, de la que son fiel exponente Falange Española y Manos Limpias, cargan con el peso de la acusación en el Supremo. Los del 'Cara al sol' no esconden que se guían por un afán de revancha tras el intento de enjuiciar a sus antecesores. El pseudosindicato, a su vez, desea acabar «con un cáncer» de la Justicia. En el otro extremo, sindicatos, asociaciones de la memoria histórica, antifranquistas recalcitrantes y republicanos del más variado pelaje han visto en el encausamiento la oportunidad para pasar factura a la transición por hacer borrón y cuenta nueva con el pasado.

Equilibrio inestable

Socialistas y populares no han bajado a la arena de los extremos, aunque ambos sospechan que la larga mano del otro está detrás de acusadores y defensores. El PP no llora por la suerte de un magistrado que destapó los estrechos lazos de algunos de sus miembros con los negocios corruptos de la trama 'Gürtel'. Unos hechos que desencadenaron un terremoto en el partido opositor que puso a un dubitativo Mariano Rajoy contra las cuerdas, de las que, además, tiene difícil salir porque la instrucción de la causa se prevé larga y no es descartable que surjan nuevos datos lesivos para sus intereses. El partido opositor, no obstante, se ha cuidado de jalear el enjuiciamiento y se ha refugiado en el ortodoxo principio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces.

El Gobierno y el PSOE guardan un equilibrio inestable. El Ejecutivo también se aferra a la ortodoxia de la división de poderes para preservar su postura y al respeto a los procedimientos de la Justicia. Mas algunos ministros no se han resistido a recordar que son «los falangistas» y «los vestigios del franquismo» los que acusan al juez. Entre los socialistas, se distingue con nitidez a los dirigentes de la última hornada de los de la viaje guardia. Mientras los primeros no escatiman palabras elogiosas hacia el instructor, los segundos guardan un cauto silencio, aún tienen el recuerdo vivo de su actuación en el caso de los GAL, que acabó con un ministro del Interior y un secretario de Estado en la cárcel, y puso a Felipe González en la picota.

Garzón dice estar tranquilo, según explicó su abogado defensor, porque, aunque su cara diga lo contrario, el suyo es un avatar más en su carrera profesional al que no da mayor relevancia pues tiene la convicción de que en esta causa será absuelto. Otras fuentes cercanas al juez tienen una impresión muy distinta y sostienen que está agobiado porque sospecha que detrás de todo hay una poderosa conspiración de diferentes sectores políticos y judiciales para que se vaya a casa.