Los Veintisiete aplazan la tasa bancaria

Los 27 socios europeos y los gobernadores de los bancos centrales de la región no ven oportuno aplicar ahora una tasa anticrisis a las entidades financieras porque podría comprometer la vuelta a la normalidad del sector y con ello la recuperación de las economías, al estrangular el crédito a empresas y familias. Lo admitió el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, con su recomendación de «actuar con mucha prudencia» y la demanda de calibrar «el impacto acumulado».

El Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, reunido con carácter informal en Madrid, escuchó con atención y cortesía el avance de las propuestas del comisario de mercado interior, Michel Barnier, y coincidió en el principio de que «quien contamina, pague», es decir, que la factura de las crisis tendría que sufragarla el colectivo bancario.

Admitió que conviene reducir el riesgo moral y conseguir que los bancos no vean los instrumentos dispuestos como un seguro de cara a su propio rescate, desde la convicción de que cualquiera que sea el riesgo que asuman, el Estado acudirá a socorrerlos.

Pero también se impuso la idea de que las entidades financieras no están precisamente para realizar esfuerzos adicionales, cuando tienen que prepararse para asumir los futuros requerimientos de Basilea III. Los efectos se sumarían. Barnier se comprometió a concretar el fondo de previsión, financiado por los propios bancos, en junio, para formular propuestas concretas en octubre, y emprender las iniciativas legislativas en 2011 de cara a su aplicación posterior. Basilea III, que exigirá a las entidades notables esfuerzos para incrementar su capital y liquidez -en el caso de España, una primera estimación calcula que bancos y cajas necesitarán 380.000 millones de euros adicionales- se encuentra en fase de primeras consultas y estará vigente en 2013.

Sin beneficios

En todo caso, en el paquete de propuestas del comisario Barnier hay mucho más que el fondo anticrisis. Entre las medidas de intervención precoz sugiere reforzar los poderes de los supervisores para que puedan, en circunstancias extremas, prohibir a una entidad el reparto de beneficios o imponerle el cese de las actividades de riesgo. También insta a armonizar el uso de instrumentos como la creación de 'bancos malos' -a los que se transfieren los activos dañados- o las 'quitas' en las negociaciones para reducción de deuda.

La vicepresidenta y responsable económica española, Elena Salgado, reconoció «la existencia de sensibilidades distintas sobre los instrumentos para financiar los fondos con los que hacer frente a las crisis bancarias», no sólo entre gobiernos y bancos centrales, sino también entre países, por lo que «no era fácil alcanzar una conclusión única».

Añadió que los socios europeos coinciden en unos principios guía. Un fondo anticrisis debiera ser un mecanismo complementario, porque la prioridad reside en la reforma de la supervisión y regulación financiera en un sentido más amplio. También se considera que el elemento más importante en el análisis del riesgo es el potencial 'contagio' que puede presentar un grupo bancario y no la dimensión que ha alcanzado. Sobre estos mimbres se basará la posición comunitaria en la cumbre que el G-20 celebrará en Toronto el próximo junio.

Las entidades españolas pueden respirar con cierto alivio. Salgado agregó que si un fondo de recuperación saliera adelante, la posición nacional defenderá que «nuestra situación no es la misma que la de otros países». Evocó que el Banco de España ha ejercido una supervisión estricta. Y puntualizó que la existencia de un Fondo de Garantía de Depósitos «no incorpora elementos de medición del riesgo». La cobertura que dispensa es igual para todos.

Por eso, si se diseña en la Unión Europea un fondo de resolución de crisis, el Fondo de Garantía de Depósitos «constituirá una buena base para empezar a trabajar, pero tendría que perfeccionarse» con la introducción de mayores exigencias u obligaciones en función del riesgo incurrido por las entidades, precisó la ministra.