La solución del proyecto de Las Aletas ya está en manos de una empresa pública

«El Consorcio de Las Aletas da un paso más y encarga el informe medioambiental a la empresa pública Tragsa, que ofrecerá un calendario de actuaciones en la próxima reunión prevista para mayo». La noticia le sonaba a lo mismo de siempre al taxista que esperaba ayer en la parada del Puerta del Mar. «Anda que hacer Las Aletas va a costar más que la Catedral de Burgos y aquí la gente pasando fatigas», le decía al primer cliente de la mañana mientras cambiaba el dial de la radio.

Efectivamente, las administraciones siguen sobre el proyecto, cambian a sus responsables, pero de volver a meter las máquinas en la parcela, nada. Han pasado ya seis meses desde que la sentencia del Tribunal Supremo paralizara los trabajos y poco se ha podido avanzar. Primero, a la espera del informe de la Abogacía del Estado, que dio esperanzas al parque tecnológico, y ahora, a la espera del informe medioambiental, que el Consorcio acaba de encargar a la empresa Tragsa, participada por los Gobiernos central y autonómico.

Así lo anunció ayer la máxima responsable del proyecto, Juana Lázaro, tras la presentación oficial de Luis Pizarro como nuevo vicepresidente del consejo de administración. Ahora toca hacer el estudio para ver qué actividades industriales pueden ir en la zona de dominio público terrestre y cuáles habrá que reubicar para cumplir la Ley de Costas. Precisamente, la sentencia del Supremo, motivada por una denuncia de Adena, frenó las obras, iniciadas apenas un año antes.

El alto tribunal considera, en primer lugar, que no está justificado el interés social del proyecto y menos aún su ubicación en las marismas de la Bahía. Cuestión que la Abogacía del Estado ha refutado. También destaca que se ha vulnerado la ley al ocupar 280 hectáreas de las 587 total del polígono, que pertenece al dominio público terrestre. Contra eso no ha podido decir nada. Por lo que ahora hay que volver a engrasar la maquinaria burocrática.

Los gestores de Las Aletas garantizan que el 21 de mayo, fecha prevista para el próximo consejo, tengan la certeza de lo que puede demorar el informe medioambiental y el estudio de los usos encargados ambos a Tragsa. La empresa pública se ha comprometido a ello para que los plazos sean lo más corto posible, pero durante la comparecencia, nadie se atrevió a hacer estimaciones, aunque ya se habla de octubre como mes clave para el reflote del proyecto. En definitiva, los resultados obligarán a crear un nuevo plan urbanístico para la zona.

Trabajo por delante

Y esa será la labor del grupo empresarial, que cuenta con una amplia experiencia en actividades medioambientales, desde deslindes vías pecuarias hasta evaluaciones de impacto ambiental. Ese curriculum es el que ha convencido al Consorcio para elegirla, además de que tiene titularidad pública y eso reduce los trámites, tal como avanzó la presidenta del órgano.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con la zona que no está afectada por la sentencia? sigue baldía. A pesar de que avanzar aquí los trabajos no interfiere con ningún proceso, el proyecto es un conjunto. Juana Lázaro dejó muy claro que no se volverá a actuar hasta que no haya un plan definido. «Los nuevos usos pueden afectar a los planteados para estos terrenos, así que no tomaremos ninguna decisión hasta contar con el informe».

Por lo pronto, siguen atados de pies y manos, pero en disposición de asumir compromisos. El primero será proceder en forma inmediata en cuanto haya una dirección que seguir. Para ello, se «cumplirá escrupulosamente la sentencia del Supremo con el fin de que nada vuelva a paralizar el parque».

Durante el tiempo que lleve volver a ponerlo todo en su sitio, los agentes sociales -sindicatos, empresarios y colectivos ciudadanos- acumulan desánimo como el taxista que oye la información y apaga la radio para no terminar la mañana enfadado.