Nueva receta para un despido más barato

La creación de un fondo mixto, financiado al 50% por empresarios y Estado, para abaratar parte del coste del despido a los empleadores, sin que los derechos de los trabajadores se resientan, es la meta más ambiciosa que se ha puesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el actual proceso de diálogo social. Su idea inicial de 'subvencionar' el despido toma cuerpo. Los ingresos a esa 'hucha' serían mensuales, propiedad de cada empleado y éste, en caso de no sufrir ningún despido, los conservaría para formación o como jubilación complementaria a la prestación pública.

La medida estaría limitada a los nuevos contratos de fomento del empleo, modalidad que pasaría a aplicarse a todos los trabajadores, y daría cumplimiento a la aplicación en España de una réplica de la existente en Austria. La compensación sería de, al menos, ocho días sobre el total de la indemnización. El volumen del fondo crecería sin límite y el trabajador, al cambiarse de empresa, se lo llevaría sin poner el contador de su antigüedad laboral a cero, con independencia de que pueda utilizar parte de ese dinero para su reciclaje profesional.

Esa 'hucha' mixta destierra la utilización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para la 'subvención' del despido, tal y como deseaba el Ministerio de Trabajo y desveló el pasado lunes el encargado del Diálogo Social, Alfonso Morón. El Fogasa, financiado exclusivamente por los empresarios, es un organismo autónomo que garantiza a las plantillas parte de los salarios y de las indemnizaciones por despido en las compañías con graves problemas financieros.

La propuesta de Zapatero está abierta a la negociación. Sobre ella planean intereses enfrentados y los proponentes se muestran pesimistas ante la posibilidad de un consenso. Los sindicatos no ven con buenos ojos cualquier abaratamiento del despido. Consideran que los nuevos contratos tendrán mayor inseguridad y, al ser más baja su indemnización, correrán un mayor riesgo de expulsión. Junto con la subvención del despido improcedente, el Gobierno pretende 'aclarar' las causas del despido objetivo (motivos económicos, organizativos, de producción o tecnológicos) para que el contrato de fomento del empleo se utilice más, planteamiento que también cuenta con la oposición de CC OO y UGT.

Mientras se perfilan las medidas a debatir en la mesa encargada de la reforma del mercado de trabajo, crece la confusión sobre el futuro de las cuotas sociales en otro foro de negociación: la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (acuerdo suscrito en 1995 y renovado en 2003 para garantizar el futuro de las pensiones públicas). La diputada socialista Isabel López i Chamosa resaltó que sus señorías «no barajan ni esperan ninguna propuesta de reducción», palabras que fueron cuestionadas por Tomás Burgos, del PP, quien señaló que «hay un debate abierto que invita a rebajar las cotizaciones para dinamizador de nuestra economía».

Las declaraciones de López i Chamosa y de Burgos tuvieron lugar ayer en un desayuno de trabajo organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). Al acto también asistieron los diputados Carles Campuzano, de CiU, y Gaspar Llamazares, de IU-ERC-ICV. El primero aseguró que la revisión de las aportaciones a la Seguridad Social «va a estar en la negociación». A su juicio, una rebaja para las pequeñas y medianas empresas sería una garantía de empleo y un elemento de tranquilidad.

Por su parte, Llamazares calificó la reducción de cuotas como un «acto irracional». En su opinión, es incomprensible que mientras el Gobierno apunta la necesidad de retrasar la edad de jubilación, haya grupos parlamentarios que defiendan el recorte de los ingresos de la Seguridad Social. Ante las declaraciones de sus compañeros, López i Chamosa insistió en que la propuesta socialista en el Pacto de Toledo «no avala rebaja de cotizaciones». Burgos rogó a la diputada del PSOE que no diga frases «lapidarias» que luego se incumplen y apostó por mayor coordinación entre las mesas de reforma laboral y de reforma de las pensiones, a lo que la portavoz socialista respondió que «en concertación social no estoy ni se me espera».