Ricardi sabrá en seis meses si Justicia le indemnizará con 10 millones de euros

«Estoy desesperado. Sin trabajo y con depresión. Pidiendo para comer». Ricardi muestra con pudor el euro solitario que baila en su cartera. «Es para comprar el pan». Se saca del bolsillo las recetas médicas que le acaba de dispensar el Servicio de Salud Mental. «Pero esto me lo tengo que pagar yo. Y el alquiler ...lo debo desde hace meses». Visiblemente más delgado camina pegado a la pared de una céntrica calle portuense, en actitud huidiza, como si se avergonzara de su propia realidad. Como un ciudadano anónimo del que nadie habla. Al menos, públicamente, nadie se pronuncia ni denuncia la preocupante situación que está atravesando Rafael Ricardi, después de pasar nada menos que trece años en prisión por un delito que no cometió.

El portuense fue juzgado y condenado por delito de violación, y recibió la libertad por orden de la Fiscalía en el verano de 2008, tras demostrarse su inocencia gracias a la reapertura de la investigación y las detenciones de sospechosos cuyo ADN coincidía con las pruebas. Casi dos años después de su salida de la prisión de Topas, en Salamanca, aún no ha percibido la indemnización que le corresponde por ser víctima de un error judicial. Su asignación por la excarcelación, unos 400 euros mensuales, se le agotó hace meses y al menos desde noviembre, sobrevive como puede en su piso alquilado de la Ribera del Marisco, junto a su compañera sentimental. Pronto será abuelo.

La luz al final del túnel

Su abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos, Domingo Valderrama, explicó que el pasado noviembre remitieron su expediente al Ministerio de Justicia, y que la respuesta fue recibida en marzo. Su petición es de reconocimiento de responsabilidad patrimonial y de una indemnización de diez millones de euros. «No nos aventuramos a predecir nada. Partimos del hecho de que el Ministerio de Justicia no tiene más remedio que reconocer su error. Sobre esto no cabe discusión. El que la cuantía de la indemnización sea una u otra sí se puede discutir».

Si pasados esos seis meses no reciben respuesta, volverán a reclamar y en última instancia, presentarán una denuncia en los juzgados. Si Justicia desestima el pago de diez millones, recurrirán. «Teniendo en cuenta que los trece años de vida perdida es algo irreparable e incalculable económicamente, nosotros estamos dispuestos a negociar una cantidad distinta siempre y cuando sea razonable». Él, entretanto, continúa viviendo en una continua incertidumbre. «Hoy he comido, mañana no se», se despide.