Macrojuicio contra 38 personas por narcotráfico, entre ellos un guardia civil

El próximo lunes la Audiencia Provincial celebra uno de los juicios con más acusados de cuantos han pasado por sus salas en los últimos años. Un total de 38 personas se sientan en el banquillo, detenidas a lo largo del mes de abril de 2008 como presuntos miembros de dos organizaciones dedicadas al narcotráfico en las localidades de Chiclana y Barbate. Una de las bandas estaba formada por trece marroquíes y otra por gaditanos, liderada supuestamente por José Manuel V. G., apodado 'El Marronero', un narcotraficante con antecedentes penales.

En el banquillo se sentará también un ex guardia civil del cuartel de Barbate, llamado Luis Miguel G. J., al que Fiscalía acusa de alertar a los narcos de la investigación que el Equipo Antidroga (EDOA) de la Benemérita llevaba a cabo, que motivó la cancelación de un alijo. De los 38 procesados, al menos 16 se encuentran en actualidad en prisión provisional, aunque apenas cinco de ellos tienen antecedentes penales por tráfico de droga.

La operación policial que llevó a ambos grupos a los tribunales se desarrolló en varias fases. La primera de ella logró abortar el desembarco de 2.790 kilos de hachís (por valor de cuatro millones de euros) en dos lanchas que se dirigían a las playas de Roche a comienzos de abril de 2008. Aunque entonces se detuvo, en colaboración con policías locales de Conil, a una quincena de 'bosquimanos' que debían portear los fardos desde el agua, el supuesto líder de la banda española organizó días después un nuevo alijo que debía llegar a las playas de Barbate, pero que fue anulado tras el aviso del guardia civil. Tras este nuevo intento de introducir droga, la Guardia Civil inició una nueva fase en la que se registraron los domicilios de 'El Marronero' y de su mano derecha, José Manuel R. M. 'El Orejitas', en los que encontraron dinero, un centenar de gramos de cocaína, armas y coches de lujo.

La Fiscalía pide para El Marronero 14 años y nueve meses de prisión por varios delitos, además del decomiso de todas sus propiedades (dos casas, coches de lujo, motos y mobiliario). Para El Orejitas, se solicitan seis años y medio; y otros seis para el ex guardia civil. Para el resto, el fiscal pide penas que oscilan entre los tres años y los cinco años y medio (para la mayoría).