El acto de desagravio a Garzón deriva en un ataque demoledor al Supremo

UGT y CC OO escenificaron ayer su respaldo al juez Baltasar Garzón en un acto que rememoró el espíritu asambleario estudiantil de los estertores del franquismo. En el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, ante unas 2.000 personas que llenaron hasta la bandera el recinto, los convocantes cargaron con dureza contra el Tribunal Supremo por la «ignominia» del proceso abierto a Garzón, un juez «justo y cabal» que es víctima de una «vergüenza histórica instigada por los hijos de la dictadura», denunció el líder de UGT, Cándido Méndez.

Sus proclamas, las de su homólogo de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo retumbaron las paredes del anfiteatro universitario. Abrió la veda Jiménez Villarejo, quien aseveró que el procesamiento de Garzón por prevaricación es una «falta de respeto a las víctimas del franquismo y un instrumento para favorecer la actual expresión del fascismo español». Aplaudido a rabiar por una audiencia entregada a la causa, el ex fiscal subió el tono y acusó directamente a los magistrados que juzgarán a Garzón de haber formado parte del Tribunal de Orden Público de la dictadura, un órgano que fue «cómplice de torturas» hasta el último día de su existencia.

«Crímenes horrendos»

Jiménez Villarejo personalizó su andanada en la figura del juez Luciano Varela, el instructor que ha propuesto sentar en el banquillo a Garzón, y se preguntó «cómo se puede hablar de sensibilidad con los horrendos crímenes franquistas» -como citó Varela en una de sus resoluciones- cuando se ha dejado la acusación «en manos de Falange y los corruptos», en referencia a la formación fascista y al seudosindicato Manos Limpias.

Méndez, a su vez, criticó la extraordinaria rapidez de la Sala Penal del Supremo para juzgar a Garzón -«en contra del criterio de la Fiscalía», recordó- y la demora para resolver cuestiones de competencia sobre qué órgano judicial debería investigar las detenciones ilegales ocurridas durante el franquismo. Una demanda planteada por UGT y varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica.

En una elogiada intervención, el líder de CC OO aseguró que Garzón «nos quitó la venda de los ojos» y tachó de vergüenza que en la España de hoy se atiendan exigencias de asociaciones -por Manos Limpias y Falange- que en otro país estarían ilegalizadas. Toxo señaló que en el Supremo vulnera toda la doctrina internacional sobre los crímenes de lesa humanidad y sostuvo que la Ley de Amnistía de 1977 «no puede amparar el genocidio».

El sindicalista concluyó con un llamamiento a una rebelión cívica en contra de la desmemoria. «De la crisis económica se puede salir tarde o temprano, pero no podemos permitir que se consolide la crisis ética y moral que afecta a este país», dijo.

Sus palabras fueron aplaudidas por el público, entre el que se encontraba el coordinador general de IU Cayo Lara, el diputado Gaspar Llamazares, el ex presidente de la Generalitat Pascual Maragall o una representación de las Abuelas de Plaza de Mayo argentinas.

Pero los duros ataques en la Complutense al alto tribunal enfadaron al PP y al Poder Judicial. La secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal calificó el acto de «disparate», «barbaridad» y «atentado contra la democracia» destinado a «presionar y coaccionar» al juez Luciano Varela. El portavoz popular de Justicia, Federico Trillo, usó adjetivos igual de gruesos cuando describió el acto como «bochornoso», «algarada» y «una presión intolerable» al Tribunal Supremo.

Las palabras del ex fiscal Vilarejo cayeron también como una losa en el Consejo del Poder Judicial. En un acuerdo poco habitual firmado ayer, la Comisión Permanente, integrada por cinco de los 20 vocales del gobierno de los jueces, expresó su «preocupación y tristeza» ante las manifestaciones de Jiménez Villarejo, «quien ha ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado».