La Audiencia Nacional ve ilegal el cierre de Egunkaria

La orden judicial de cierre del periódico 'Euskaldunon Egunkaria' en 2003 «no tenía cobertura constitucional directa» y «carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara».

Pero es que la clausura ni siquiera estaba justificada porque no había pruebas de que el diario fuera un proyecto auspiciado por ETA, que defendiera sus postulados y, menos aún, que la editorial desviara dinero a las arcas de la organización terrorista. Tampoco había un solo indicio de que la banda nombrara a los responsables del rotativo. Más de siete años después de aquel polémico cierre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que absuelve a los cinco directivos del periódico acusados de «pertenencia» a ETA, dictó ayer una sentencia que llega al punto de poner en duda la legalidad de la decisión del entonces instructor Juan del Olmo de dejar a miles de lectores vascos sin la única publicación diaria en euskera, cuando en modo alguno la salida a los quioscos de 'Egunkaria' suponía riesgo de «reiteración delictiva».

El ponente del fallo, Javier Gómez Bermúdez, es tajante en las conclusiones de su durísima sentencia: no hay ni una sola prueba de que «los procesados tengan la más mínima relación con ETA». El tribunal absuelve así a el presidente del consejo de administración, Juan María Torrealday; a los consejeros José María Auzmendi, Ignacio María Uría y Marcelo Otamendi; y al redactor jefe Javier Oleaga. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia reclamaban para ellos penas de entre 12 y 14 años de cárcel en un proceso en el que la Fiscalía no acusaba por no ver indicios delictivos.

Pero, al margen de las absoluciones, los magistrados van mucho más allá y critican sin ambages la decisión de Del Olmo de ordenar el cierre temporal del periódico cuando tampoco «ha sido acreditado ni directa ni indirectamente que 'Egunkaria' haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado».

No financiaron

El fallo también desmonta cualquier posible acusación de colaboración económica. La Audiencia Nacional asegura que, analizadas todas las subvenciones que recibió el diario clausurado, «no se ha acreditado que parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita». Del mismo modo, certifica que no hay ni rastro de que el periódico fuera una fuente de ingresos para los terroristas, como sostenía la Guardia Civil. «No consta envío o desvío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora o el diario a la banda terrorista ETA», afirma de forma taxativa el texto.

La investigación del instituto armado, cuyo trabajo también sale malparado en la sentencia, tampoco pudo probar que los responsables de Egunkaria «recibieran órdenes de ésta o que sus cuadros dirigentes fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran u obedecieran consignas de la citada banda».