Puñetas

V aya semanita! La política se ha vestido con las puñetas judiciales y hemos asistido a las emociones fuertes que han deparado sucesivamente los casos de Jaume Matas y su fianza millonaria, el sumario del 'caso Gürtel', y, por último, el auto del magistrado Varela abriendo paso al juicio oral contra Baltasar Garzón por presunta prevaricación. Insensato sería intentar analizar tan complejos asuntos en el magro espacio de esta columna. Barroco, relacionar el fondo de los tres, aunque las conexiones del segundo y el tercero son evidentes. Lo que quiero simplemente es llamar la atención sobre cómo estos asuntos esclarecen algunas malformaciones graves de nuestro sistema judicial en su relación con la política y con la ciudadanía.

La existencia de un poder judicial independiente es una exigencia constitucional. El que los ciudadanos crean efectivamente en esa independencia es una exigencia de salud democrática. Si lo primero es materia claramente opinable, lo segundo tiende a estar -desdichadamente- muy claro: los españoles tienen mayoritariamente una pobre opinión de la independencia judicial y estiman que existe una notable interferencia política en las decisiones de los jueces. Añadamos a ello el fenómeno de la justicia-espectáculo y tendremos el cuadro completo.

Esto tiene raíces muy complejas. En primer lugar, no se trata de un fenómeno sólo español, también en Francia se llora la desaparición del 'petit juge', discreto y fugitivo de los focos, y otro tanto sucede en muchos países. En segundo lugar, las culpas deben repartirse: los políticos no han sabido dar con la tecla legislativa que asegure la independencia, los propios jueces se han visto arrastrados por la marea política o han sido ellos mismos actores de esa politización y, en cuanto al espectáculo, los medios de comunicación no son ajenos a su desarrollo. Pero, sea como sea, lo que tenemos es un cuadro inmanejable. La coincidencia en el tiempo de los casos 'Gürtel' y 'Garzón' ha deparado el espectáculo de ver cómo en horas o los defensores de la independencia judicial se convertían en debeladores de oscuras conspiraciones y viceversa.

La gente no sabe derecho procesal y, en la mayor parte de los casos, no tiene por qué saberlo. Por eso, no distingue entre una fase sumarial, regida por el principio acusatorio formal, y una fase de juicio oral, regida por el principio contradictorio. Y tienden a pensar que las acusaciones de los sumarios son lo mismo que sentencias, que los indicios que sirven para acusar son hechos probados. Y lo que todo ello produce es, en la práctica, un daño irreparable no sólo a posibles víctimas de acusaciones infundadas, sino también al propio sistema. En medio del puñetero fragor de estos días, convendría preguntarse si, además de darle medios y recursos, no es hora de que le demos a la Justicia garantías de imparcialidad.